¿El Procurador salió balín?

Autoridades federales señalan corrupción en Hidalgo

Por Juan Sabino Cruz

PACHUCA, Hgo. – Raúl Arroyo González, por su amplia trayectoria, más política que jurídica, se esperaba que diera un cambio radical a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, sin embargo, siete meses después de haber protestado el cargo, se mantienen los mismos vicios, predomina la fabricación de delincuentes, pero eso no es todo, ahora son señalados de cobrar cuotas a la delincuencia organizada dedicada al huachicol, así lo estableció un señalamiento del Ejército Mexicano y publicado por el diario REFORMA.

Con amplio currículo como jurista y defensor de los derechos humanos, el día 17 de julio del 2018, Raúl Arroyo González, rindió protesta como Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, se esperaba mucha mejoría en la institución, siete meses después, parece que nuestro procurador “salió balín”, ahora está contra la pared, la institución a su cargo es señalada de estar inundada por la corrupción, hubo mucho tiempo para hacer ajustes y cambiar el rostro de la Procuraduría, empero, más cómodo fue dejar todo como estaba y cobrar un decoroso salario que, pareciera, no es devengado.

EL REPORTERO YA LO HABÍA ANUNCIADO

Con el título: “Pésima Procuración de Justicia en Hidalgo”, fechada 15 de diciembre del 2018, en la edición digital de EL REPORTERO, se dio a conocer información de las irregularidades que cometen, principalmente, los policías de investigación, pero no hicieron nada por corregir el problema y, ahora ya son investigados por autoridades federales.

DESPRESTIGIO NACIONAL

La Asociación Civil México Evalúa en su presentación “Hallazgos 2017”, exhibe las múltiples deficiencias de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, de hecho, la ubica entre las más deficientes en el país. Habló de su mal funcionamiento en general, la falta de transparencia y establece que  debieron echar mano de recursos legales para obtener la información que requería.

Establece: “Hidalgo es un caso atípico porque fue el estado con la tasa de respuesta más baja, sin embargo, como parte del desahogo de los recursos de revisión que le fueron interpuestos, respondió los cuestionamientos planteados en su totalidad”.

IMPUNIDAD

EL REPORTERO en su edición digital del día 2 de noviembre del 2018, dio a conocer que, agentes de la Policía de Investigación de Hidalgo, en patrullas arribaron a un auto lavado de la calle Eliseo Ramírez Ulloa de Pachuca, lugar donde supuestamente cumplirían una orden de aprehensión, pistola en mano entraron al negocio donde mataron impunemente a una persona.

El presunto responsable, “consentido” de sus deshonestos jefes fue protegido, se ha dejado enfriar el asunto para darle carpetazo y el crimen quede en la impunidad.

ACTUARON COMO SICARIOS

En la edición impresa de la primera quincena de enero de 2019, EL REPORTERO dio a conocer que, la noche del martes 18 para amanecer miércoles 19 de diciembre del 2018, el encargado de la comandancia de la Policía de Investigación de Tula de Allende, acompañado de sus elementos y al parecer un comando de “madrinas” se fueron a ingerir bebidas etílicas al bar La Copa con “K”.

Como viles sicarios y para evitar pagar la cuenta optaron por golpear a los meseros, los encañonaron para obligarlos a ponerse de rodillas y pegarles con las armas, después, se robaron la cuenta y se llevaron todo el equipo de video para evitar dejar evidencia.

La parte afectada se abstuvo de denunciar los hechos por temor a las represalias de los policías de investigación que a los cuatro vientos han gritado ser consentidos de sus superiores. Inclusive, no ocultan su rápido enriquecimiento al traer vehículos particulares con valor cercano al millón de pesos, ahora tener hasta alberca en sus hogares. Parece que al procurador Raúl Arroyó no le interesó investigar esos abusos policiacos.

Paralelo a lo anterior, se continua la vieja práctica de detener para investigar y así fabricar delincuentes, en muchos casos enviados a prisión por puberto jueces que por temor no se atreven a dictar la no vinculación a proceso, claro, ante la indiferencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo que se ha convertido en mero espectador y su actual es el de un cero a la izquierda.

DESPERDICIAN COMANDANTES

Marco Antonio Cornejo García, Director de la Policía de Investigación de Hidalgo; así como Arturo Cruz Rosales, Primer comandante de la corporación, han mostrado total incapacidad y utilizan el cargo para favorecer a sus incondicionales, así inexpertos policías son habilitados como comandantes de cotizadas plazas,  un ejemplo es Tula de Allende, zona donde hay abundantes delitos de alto impacto que han quedado en la impunidad porque los encargados del trabajo carecen de verdadera capacidad para investigar.

Lo anterior deja claro que, al procurador Raúl Arroyo González, no le ha interesado ponerse al día en el funcionamiento de la institución a su cargo y erradicar los malos vicios.

Mientras se registran impunes ejecuciones y delitos de alto impacto en Pachuca, Tizayuca, Tula de Allende y gran parte de la geografía de Hidalgo, los improvisados comandantes no han funcionado en el combate de la delincuencia, pero, los directivos no pueden exigir resultados a sus “cuates”.

Mientras delitos de alto impacto quedan impunes en Hidalgo, los directivos de la Policía de Investigación Marco Antonio Cornejo García y Arturo Cruz Rosales desperdician a verdaderos investigadores como son Antonio Contreras, Juan José Sánchez Sierra, Augusto Ángeles, Luis Miguel Mora y José Vega, mismos que tienen nombramientos de comandante y mucha experiencia, sin embargo, los tienen arrumbados y haciendo funciones de elementos en Zimapán o de abre puertas en Pachuca.

Era un secreto a voces que, supuestamente, los huachicoleros pagaban una renta mensual de 500  mil pesos para la Policía de Investigación, algo que parece era cierto, pues ahora hay un señalamiento de las autoridades federales.

SEÑALAN CORRUPCIÓN

En la edición impresa del día 18 de febrero, el diario nacional REFORMA público una información titulada “Señalan a Fiscalía por solapar ordeña”, misma que está firmada por Benito Jiménez, reproducimos parte del texto.

La Policía Investigadora de la Procuraduría de Hidalgo está en la mira de las autoridades federales por su presunta protección a un grupo criminal de huachicoleros que opera en el estado, revelaron mandos del Ejército.

Comandantes ministeriales y hasta un subprocurador son los principales señalados en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que se nutren con información militar, de la Policía Federal y testimonios de detenidos.

Los huachicoleros tienen una red de piperos, bodegueros para acopiar combustible, franquiciantes y puntos de venta en todo el estado que, hasta enero, ocupaba el primer lugar en tomas clandestinas, incluyendo la que explotó en Tlahuelilpan y por la cual murieron más de 130 personas.

En esa red, sus principales compradores son grúas, camiones de las centrales de abasto, flotas de transporte público de carga y hasta de reparto de mercancías, de acuerdo con los mandos de la 18 Zona Militar, con sede en Pachuca.

Además, una parte de los recursos ilícitos obtenidos por el robo de combustible a Pemex se entrega a los comandantes de la Policía Investigadora como soborno por su omisión, según se indicó.

Los pagos llegan directo a un alto jefe de la Policía Investigadora, quien a su vez da parte del dinero a sus mandos e incluso a un subprocurador, según la indagatoria.

Actualmente, la Procuraduría está a cargo de Raúl Arroyo, quien tiene tres subprocuradores: Porfirio Gutiérrez, de Procedimientos Penales Región Oriente; Julio César Trujillo, de Procedimientos Penales Región Poniente, así como Mario Rico Moreno, de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.

Conforme el directorio, Marco Antonio García Cornejo es director de la Policía Investigadora; Arturo Cruz Rosales, Primer Comandante de la Dirección General de la Policía de Investigación, y Julio César González Baños, Fiscal Anticorrupción.

La investigación detectó incluso que, una vez recibida la ganancia del combustible robado, los funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo y los huachicoleros la invierten en la compra de terrenos para construir casas y venderlas.

Asimismo, adquieren lotes de autos para ofrecerlos a precios módicos y lavar el dinero ilícito.

Diversos funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo poseen empresas ligadas a la construcción, principalmente operadas por familiares y testaferros, según esas pesquisas.

Fuentes federales indicaron que la dependencia hidalguense, con 400 ministeriales y 200 peritos, no ha registrado cambios en su estructura, lo que permite la continuidad del “modus operandi”.

En julio de 2018 asumió la titularidad de la dependencia Raúl Arroyo, pero el resto de sus integrantes fueron ratificados.

Además, al cierre de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la Procuraduría estatal tenía reprobado a uno de cada cuatro de sus policías ministeriales. Fin de la nota de REFORMA.

Esperemos el avance de las investigaciones de la autoridad federal para que empiecen a rodar cabezas en la procuraduría de Raúl Arroyó, de quien se esperaba mucho pero parce que salió balín.

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