PACHUCA, Hgo. – Hay trayectorias que no comienzan en una oficina pública, sino en la vocación de servir. La de María Zorayda Robles Barrera, presidenta municipal de Apan, tiene raíces en la medicina, la bioética y una lucha sostenida por los derechos humanos. Especialista en urgencias médico-quirúrgicas, con más de 25 años de experiencia, conoce de cerca la vulnerabilidad y la importancia de atenderla con dignidad.

Su compromiso con las personas con discapacidad también tiene una dimensión personal. Como madre, ha enfrentado las barreras que impone una sociedad que todavía batalla para comprender la inclusión. La experiencia de su hijo, quien sufrió discriminación en el ámbito deportivo, la llevó a defender derechos que no deberían depender de la condición de nadie.

En Apan, esa causa ha comenzado a traducirse en acciones. El primer informe de gobierno documentó capacitación en Lengua de Señas Mexicana para personal público; también se han entregado sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos. A ello se suman gestiones de accesibilidad tecnológica, como una computadora con herramientas de Braille para un estudiante con discapacidad visual. Son medidas concretas que pueden ampliar la autonomía y las oportunidades de quienes suelen quedar al margen.

Nada de esto significa que una administración esté exenta de críticas. La ciudadanía tiene derecho a evaluar resultados, señalar deficiencias y exigir cuentas. Pero cuestionar el ejercicio público no debe confundirse con hostigar, agredir o vulnerar la dignidad personal.

Robles ha enfrentado episodios de confrontación política; durante la campaña de 2024, incluso, una botella de cerveza fue lanzada durante un acto proselitista. Más grave aún es la divulgación de información sobre su expediente clínico, denunciada públicamente durante aquel proceso electoral. La salud es un ámbito privado: ninguna diferencia política justifica convertir datos médicos en munición pública. Corresponde a las autoridades investigar cómo se obtuvo y difundió esa información y determinar responsabilidades.

La evaluación de Zorayda Robles debe hacerse con resultados, transparencia y rendición de cuentas, no mediante rumores ni ataques personales. Su trabajo en favor de los sectores vulnerables merece ser reconocido y también medido con rigor.

Al final, la ciudadanía decidirá qué balance hace de su gobierno. Pero hay una convicción que debería permanecer fuera de cualquier disputa partidista: la inclusión no es una concesión política; es un derecho. Y trabajar para que ese derecho se cumpla también es una forma de honrar la medicina, la función pública y la dignidad humana.

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