Denuncian cobros irregulares y abuso policial

¿Extorsión uniformada en Mineral de la Reforma?
Una intervención en la carretera Ciudad Sahagún-Pachuca terminó con el pago de mil pesos, según el testimonio de un automovilista; señalan a la corporación encabezada por Jorge Alberto Trejo Terrazas.
Por Juan Sabino Cruz
MINERAL DE LA REFORMA, Hgo. – Las denuncias ciudadanas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma vuelven a encender las alarmas. Esta vez, el señalamiento apunta a una presunta práctica de cobros irregulares a automovilistas, mediante intervenciones policiales en las que la amenaza de enviar los vehículos al corralón y tienen su grúa que termina convirtiéndose, según los afectados, en un mecanismo de presión.
El caso más reciente ocurrió después de las 15:00 horas de ayer, sobre la carretera Ciudad Sahagún-Pachuca, a la altura del rastro municipal, donde elementos que viajaban en la patrulla HG-352A-8 intervinieron una antigua camioneta Ford roja, de redilas, aparentemente cargada con cartón para reciclar.
En el lugar se encontraba una grúa amarilla con la razón social Asesores en Traslados y Rescate Automotriz, S.A. de C.V. (ATRA), con matrícula federal 331-CZ3, cuyo operador aparentemente se preparaba para enganchar la unidad.
Al pasar por el sitio, personal de El Reportero se acercó al conductor de la camioneta para preguntarle el motivo de la intervención.
El hombre, visiblemente molesto e impotente, manifestó que ya se había arreglado con los uniformados y que había entregado una milpa, (mil pesos), supuestamente para cubrir el servicio de grúa.
El episodio deja preguntas que las autoridades deben responder: ¿cuál fue la infracción que motivó la intervención?, ¿se levantó una boleta oficial?, ¿por qué se solicitó una grúa y bajo qué fundamento se pretendía retirar la camioneta?, ¿quién recibió el dinero y existe un comprobante del pago?
Hasta ahora, se desconoce si existió una infracción ni confirmar que el dinero haya sido entregado directamente a los policías. Sin embargo, el testimonio amerita una investigación que esclarezca lo sucedido y deslinde responsabilidades.
Quejas que exigen respuestas
Los señalamientos contra elementos de la corporación municipal no son nuevos, según refieren ciudadanos que aseguran haber padecido intervenciones que consideran injustificadas. Relatan que, en ocasiones anteriores, los oficiales habrían detenido vehículos por motivos que los conductores consideraban poco claros y, posteriormente, mencionado posibles multas o el envío de una grúa.
De acuerdo con esas versiones, algunos automovilistas habrían preferido entregar dinero antes que enfrentar mayores gastos o perder tiempo con el retiro de sus unidades.
Las acusaciones no pueden ignorarse cuando comprometen la confianza ciudadana en quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad.
Durante la administración municipal anterior, encabezada por Israel Félix Soto, ya existían inconformidades de este tipo, según los testimonios recabados.
Con la llegada del alcalde Eduardo Medécigo Rubio, algunos ciudadanos esperaban una transformación en la actuación policial; no obstante, las nuevas quejas ponen en duda que ese cambio se haya concretado.
Trejo Terrazas, obligado a aclarar
La responsabilidad administrativa de la corporación recae en su titular, Jorge Alberto Trejo Terrazas, quien debe explicar qué controles existen para impedir los abusos, cómo se supervisan las intervenciones viales y qué protocolos se aplican cuando se solicita un servicio de arrastre.
La exigencia no consiste en condenar anticipadamente a todos los elementos, sino en evitar que el uniforme se convierta en una herramienta de presión contra ciudadanos que trabajan para ganarse la vida.
También corresponde al alcalde Eduardo Medécigo exigir transparencia, revisar el desempeño de sus mandos y garantizar que las denuncias sean atendidas sin encubrimientos ni represalias contra quienes se atrevan a reportar posibles irregularidades.
Asimismo, se ha referido un compromiso del secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, de dialogar con Trejo Terrazas sobre las intervenciones de vehículos en las vialidades. Es necesario aclarar qué medidas se acordaron y si se han aplicado.
La seguridad pública no puede confundirse con la recaudación informal ni el temor de los automovilistas convertirse en una oportunidad para obtener dinero. Si hubo una infracción, debe acreditarse y sancionarse conforme a la ley; si existió un abuso, corresponde investigarlo y castigar a los responsables.
Mineral de la Reforma necesita policías que inspiren confianza, no ciudadanos que teman encontrarse con una patrulla. El caso de la camioneta roja debe esclarecerse: la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley son obligaciones de toda corporación pública.
PD. Mientras los regidores que son representantes del pueblo duermen en sus laureles y cobrando su quincena con puntialidad, por eta razón han dado en llamarlos «Los 15-30».