PAN busca extender la responsabilidad del contratista a tres años
PACHUCA, Hgo. – Claudia Luna (PAN) presentó hoy ante el Pleno del Congreso de Hidalgo una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, a la cual se adhirieron diputadas y diputados de diversas bancadas al final de la exposición. El objetivo principal es extender el periodo de garantía y responsabilidad de los contratistas de obra pública de uno a tres años, sin modificar el porcentaje de fianza del 10% del monto total ejercido. Esta medida busca proteger el patrimonio público estatal y municipal, asegurando que las obras financiadas con recursos públicos, como calles y avenidas, sean duraderas y ejecutadas con materiales de calidad, respondiendo a la necesidad de atender defectos que se manifiestan entre los 18 y 36 meses posteriores a la entrega.
La iniciativa surge ante la evidencia de que la garantía actual de un año es insuficiente. Datos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y estudios nacionales señalan que el deterioro prematuro de la infraestructura, especialmente pavimentaciones y caminos, es un problema estructural, con observaciones por más de 346 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023. La propuesta busca fortalecer la rendición de cuentas e incentivar una cultura de calidad y responsabilidad en el sector de la construcción, previniendo que las dependencias públicas deban reinvertir en mantenimiento con cargo al erario debido a deficiencias en la ejecución.
Cambios y Beneficios Clave
Esta reforma representa un avance significativo hacia una administración pública más eficiente y una infraestructura sostenible. A continuación, se detallan los principales cambios propuestos y los beneficios esperados:
• Periodo de garantía extendido: Se amplía la vigencia de la fianza del contratista de uno a tres años siguientes a la fecha de entrega-recepción formal de la obra.
• Garantía específica en pavimentación: Para obras que involucren trabajos de pavimentación, rehabilitación, mantenimiento o construcción de carpeta asfáltica, el contratista deberá garantizar la calidad y durabilidad por el mismo periodo de tres años.
• Responsabilidad directa del contratista: En caso de presentarse daños, hundimientos, desprendimientos o baches dentro del plazo de tres años, la responsabilidad recae en el contratista, incentivando la calidad técnica y reduciendo el costo para la administración pública.
• Eficiencia presupuestal: Al transferir la responsabilidad de reparación por vicios ocultos y defectos al contratista por un periodo mayor, la iniciativa tiene un impacto directo en la eficiencia presupuestal, liberando recursos públicos destinados a mantenimiento prematuro.
• Sin impacto presupuestal directo: La iniciativa no genera costos adicionales al gasto público, ya que la obligación de ampliar la garantía recae en los contratistas mediante sus propias fianzas.
En síntesis, esta iniciativa representa una política de Estado que promueve la sostenibilidad de la infraestructura y el fortalecimiento institucional, ya que obliga al contratista a mantener su responsabilidad durante tres años, lo que reduce la posibilidad de entregar obras de baja calidad. Con esta medida, la Diputada Claudia Luna busca que Hidalgo avance hacia un modelo moderno de obra pública basado en resultados, garantizando que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales y duraderos para la población.
Legisladores de Hidalgo proponen fortalecer la Educación Vial con inclusión de tecnología
Iniciativa busca usar la Tecnologías de la Información para formar una nueva cultura de movilidad segura.
Con el objetivo de combatir la «pandemia silenciosa» de accidentes de tráfico, diversos legisladores del Congreso de Hidalgo presentaron una iniciativa de decreto que busca adicionar y reformar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo. Esta propuesta, a la que se sumó la Diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN), junto a integrantes de distintos grupos parlamentarios, busca integrar formalmente el concepto de Educación Vial en la ley local. Esto se lograría a través de una definición clara que guíe las acciones públicas y que tiene como finalidad mejorar las acciones de seguridad vial y, paralelamente, reducir el número de accidentes, lesiones y muertes.
La iniciativa propone definir la Educación Vial como el conjunto de acciones que promueven, informan y comunican una cultura vial a toda la población usuaria de la vía, con el fin de generar cambios en los patrones de comportamiento social para la seguridad en las vías públicas. Adicionalmente, se plantea facultar a las autoridades estatales y municipales para que procuren implementar el uso de las Tecnologías de la Información (TI) en las acciones dirigidas a la educación vial. Se considera que el involucramiento de la tecnología, como los entornos virtuales (3D), puede lograr una mayor comprensión e interacción de las personas en estos procesos. Este enfoque busca actualizar la legislación para estar alineada con el derecho a la movilidad segura, estipulado en el Artículo 4 de la Constitución Federal.
Esta adición es necesaria, ya que a pesar de que la ley actual contempla la Educación Vial, carece de un concepto que sirva de guía. La propuesta busca dotar de certeza conceptual a la acción pública para lograr el cumplimiento de los objetivos de seguridad vial.