Deben pagar la dieta a una regidora
Pachuca de Soto, Hidalgo. – La Secretaría de la Contraloría y la Dirección Jurídica, ambas del municipio de Pachuca, incurrieron en actos de corrupción y negligencia al haber inhabilitado del cargo de regidor independiente a Olivia López Villagrán, por lo que deberán pagarle el salario que no devengó por un año y cuatro meses.
Lo anterior deviene del resolutivo definitivo que dictó la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo el 11 de agosto de 2022, en el que se confirmó que la suspensión del cargo de la regidora fue “una sanción indebida”.
Con lo anterior, queda probada la incompetencia de las instancias municipales de Pachuca, expresó Olivia López durante la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaría del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, efectuada este jueves 18 de agosto de 2022, en la que solicitó se finquen responsabilidades contra los servidores públicos involucrados.
Olivia López fue inhabilitada del cargo de regidor bajo la acusación de no haber presentado su declaración patrimonial en tiempo y forma, a través del Procedimiento Administrativo PRA/05/2021.
En su exposición de motivos, la regidora informó que el 9 de abril de 2021 se le inhabilitó; por ello, inició un procedimiento administrativo para controvertir el acuerdo PRA/05/2021, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, conformándose el expediente 70/2021.
El 11 de noviembre de ese año, el referido tribunal dictó la resolución definitiva en la que “se declara la nulidad del procedimiento PRA/05/2021”, por lo que se ordenó dejar sin efectos la sanción que se le impuso a la regidora.
En consecuencia, el ayuntamiento de Pachuca quedó obligado a restituir a Olivia López en el cargo de regidora, así como el pago de las percepciones económicas desde la fecha en que fue sancionada (9 de abril de 2021).
“Pese a ello, en lugar de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, la directora de responsabilidades de la Contraloría Municipal, Nain Martínez Salinas, interpuso el 10 de diciembre de 2021 un recurso de revisión en contra de la sentencia dictada (107/2021)”.
Sin embargo, ayer miércoles, le fue notificada personalmente a la regidora el veredicto de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, dictada el 11 de agosto de 2022.
En su punto segundo dice: “se confirma la sentencia definitiva de 11 de noviembre de 2021, dictada en el expediente administrativo 70/2021”, es decir, se valida la nulidad ordenada del procedimiento PRA/05/2021 que inició el municipio contra la regidora.
“Hago notar que de la fecha en que se interpone la sanción (9 de abril de 2021) contra la regidora a la resolución final (11 de agosto del 2022), transcurrieron un año y cuatro meses”, dijo la regidora. Por ello, al anular el procedimiento PRA/05/2021, “queda probada la incompetencia de la Secretaría de la Contraloría Municipal y la Dirección Jurídica y sus actos de corrupción”, agregó.
RECURSO FRÍVOLO
En la sesión, la regidora indicó que “el actuar de la Secretaría de la Contraloría y su Dirección Jurídica, maquinaron un procedimiento administrativo para aplicarme una sanción indebida, que les es anulada; además, se interpuso un recurso frívolo, sabedores de su improcedencia lo que tomo un año cuatro meses, tiempo del que se me deberá pagar el total de mis percepciones”, expresó.
Además, dijo, resulta irónico ya que, siendo la Contraloría quien debe cuidar los recursos del municipio, en lugar de acatar la resolución del 11 de noviembre del 2021, se decida prolongar el juicio por ocho meses más, lo que resulta un acto de corrupción.
“Por la incompetencia de sus áreas, se me pagarán percepciones que yo no he devengado, y dinero de los ciudadanos a quienes nos debemos y a quienes tenemos obligación de informar el uso que se da a sus contribuciones”, agregó la regidora independiente.
Por lo anterior, pidió se finquen responsabilidades a los servidores públicos involucrados “pues al actuar con negligencia y cometer actos de corrupción, deterioran la imagen de usted (Sergio Baños) y del ayuntamiento. Tomando en cuenta que, tener gente incompetente y corrupta en su administración que le genere gastos y daños innecesarios a la presidencia, también es un acto de corrupción”, concluyó.
