Tardaron demasiado en atender esa necesidad
Para el combate eficaz y real de la corrupción en Hidalgo, entendida como el abuso del poder político y económico por servidores públicos o particulares en beneficio propio, familiar o de grupos de interés, diputados de Morena sometieron a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa de nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado y municipios que abroga la legislación vigente en la materia.
Destaca, entre sus planteamientos, la ampliación de la participación de la sociedad en el Sistema Estatal Anticorrupción en su operación, en la actividad de inspección administrativa y en el sistema de fiscalización estatal, con el propósito de prevenir actos de corrupción y fortalecer la supervisión del ejercicio de los recursos públicos para lograr un verdadero control del gasto público.
El diputado de Morena por el XIV Distrito de Tula, Ricardo Baptista González, presentó la iniciativa a nombre de sus compañeras y compañeros de bancada Doralicia Martínez, Noemí Zitle Rivas, Corina Martínez García, Roxana Montealegre Salvador, Rafael Garnica Alonso, José Luis Muñoz Soto, Salvador Sosa Arroyo, Jorge Mayorga Olvera, Raymundo Lazcano Mejía.
Indicó que proyecto de iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Hidalgo y Municipios, toma la estructura y elementos esenciales de la Ley General; sin embargo, se ha llevado a cabo un detenido análisis a dicho ordenamiento, y que este proyecto contiene modificaciones sustanciales que parten de las necesidades sociales y respeto irrestricto a los derechos humanos; además, se incluye en el Titulo Segundo el Procedimiento en materia de Juicio Político, contenido en la Ley que se abroga.
Destacó que la corrupción socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Ante ello, añadió, los diputados de la LXIV Legislatura que suscriben y promueven esta iniciativa tienen muy clara la responsabilidad y compromiso ante la población de nuestro Estado, ya que sólo bajo el imperio de la ley se puede combatir el grave flagelo de la corrupción y de su más grave consecuencia la impunidad.
Dijo que con este proyecto de iniciativa que se somete a consideración del pleno del Congreso se integrará y fortalecerá el Sistema Estatal Anticorrupción, se mejorará sustancialmente la gestión pública con la finalidad de contribuir en beneficio de la calidad de vida de las y los hidalguenses.
Añadió que el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo no ha cumplido con el mandato constitucional ya que, con las reformas aprobadas a la Ley de Responsabilidades Administrativas llevadas a cabo en el mes de diciembre del año 2017, no puede considerarse como cumplida la obligación constitucional y normativa.
Por esa razón, apuntó, a efecto de cumplir con el compromiso que se tiene con el pueblo hidalguense, compromiso que deriva del incumplimiento de este Congreso al mandato Constitucional y normativo de expedir el ordenamiento que regule las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a efecto de integrar legalmente el Sistema Nacional Anticorrupción, establecido por el por el Congreso de la Unión en el Artículo 113 de nuestra Constitución, se presenta la presente iniciativa que crea la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo y Municipios.
Baptista González subrayó que la bancada mayoritaria de una nueva expresión política nacional, no es producto de la casualidad, “el grupo legislativo al que pertenezco tiene muy claro que su arribo al Poder Legislativo fue producto del evidente malestar social; de la desconfianza en las instituciones y en la clase política, así como la pérdida de la confianza en las organizaciones políticas y en los legisladores”.
Hemos llegado aquí –añadió- por una voluntad popular, con la esperanza de un cambio, de una transformación que trascienda en el bienestar, en la seguridad y en la justicia; la esperanza de quienes anhelan vivir en un país con seguridad y sin corrupción, hacer realidad esa esperanza en gran parte nos corresponde a nosotros y es precisamente esa la razón por la que se presenta a esta Soberanía el Proyecto de Ley con el que se plantea fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y mejorar la gestión pública en el estado.
Señaló que la corrupción fue ubicada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos mexicanos y es considerada como un obstáculo directo para el acceso de la población a los servicios más elementales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y justicia.
La corrupción, sostuvo, socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
“En nuestro país la corrupción afecta mucho más a los pobres, porque desvía los fondos destinados al desarrollo, limita la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión”, apuntó.
