Diputados Areli Maya y Ricardo Baptista
Con la finalidad de garantizar que todos los periodistas y defensores de derechos humanos ejerzan la libertad de expresión en sus actividades, así como contribuir al fortalecimiento de la democracia, evitar injusticias y el encubrimiento de actos de corrupción en la entidad, los diputados Areli Maya Monzalvo y Ricardo Baptista González, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que elimina “los delitos contra el honor (difamación y calumnia)” del Código Penal del Estado de Hidalgo.
En su exposición de motivos, durante la 47 sesión ordinaria de la LXIV Legislatura del Congreso estatal, Maya Monzalvo, del Partido Acción Nacional (PAN) y Baptista González, de Morena, coincidieron en que la iniciativa planteada no solo busca acatar las recomendaciones, y en su caso, resoluciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, sino asegurar que en la entidad se proteja la libre expresión de las ideas y que no se utilice la ley para limitar el avance democrático, lo cual requiere de la activa participación de los ciudadanos.
Explicaron que Hidalgo, junto con Nayarit y Nuevo León, son de las pocas entidades federativas que no se han sumado a la despenalización de los denominados “delitos contra el honor” para que sean eliminados de sus códigos penales. Mencionaron que con la derogación el Título Sexto del Código Penal para el estado de Hidalgo, denominado “delitos contra el honor”, así como sus capítulos I, II y III, se evitará en el futuro que se comentan violaciones como las padecidas por la periodista Lydia Cacho, por denuncias de casos de pederastia que involucraban a empresarios y actores políticos.
Destacaron que desde abril de 2007 se derogaron los artículos del Código Penal Federal en los que se sancionaban los delitos de injurias, difamación y calumnia, contenidas en el Título Vigésimo, correspondiente a los “Delitos contra el honor”, capítulo II, De las Injurias y Difamación; capítulo III, De la Calumnia, y capítulo IV, relativo a las Disposiciones de Comunes para ambos capítulos, convirtiéndose México en el segundo país de América Latina en eliminar los delitos contra el honor y Argentina el tercero, siendo la República de El Salvador el primero en hacerlo.
Además, mencionaron que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales relacionados con la protección del derecho a la libertad de expresión, como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone en su artículo 19 distintas medidas para proteger tal derecho.
En últimos tiempos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido resolviendo a favor de la libertad de expresión, por encima del derecho al honor, siendo una de las resoluciones más conocidas la relacionada con el amparo directo en revisión 6175/2018 promovido por la periodista Carmen Aristegui.
Indicaron que la urgencia de eliminar los “delitos contra el honor” del Código Penal hidalguense es evitar que ocurran nuevos casos de injusticia e impunidad que se han producido al amparo de la ley. Baste recordar, añadieron, lo sucedido al ciudadano Leonardo García Vázquez quien fue detenido y vinculado a proceso por denunciar actos de corrupción de la Constructora Sylma, vinculada a servidores públicos estatales.
Indicaron que lo que dejó de manifiesto ese caso es que, en muchas ocasiones, los servidores públicos utilizan estas figuras (calumnia y difamación) como un mecanismo para desincentivar la crítica, pero sobre todo para evadir la justicia por los actos de corrupción cometidos.
Por esa razón, señalaron que lo que se pretende con esta iniciativa con proyecto de decreto es hacer de la crítica a la labor de los servidores públicos una de las herramientas que permitan mejorar la actividad gubernamental.
Es importante señalar que en vísperas del Día Mundial de la libertad de Prensa (que se celebrará el 3 de mayo, proclamado así desde 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas) ambos legisladores sometieron a consideración del Pleno la iniciativa que busca garantizar el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 6 párrafos primero y segundo y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en apego a maximizar los derechos de las personas.
