COMUNICADO DE PRENSA
Boca del Rio, Veracruz.- Por violaciones procesales y a los derechos humanos el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Materia Penal de Boca del Río, Veracruz, dejó sin efecto el auto de formal prisión imputado a tres expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana quienes, a principios de 2016, fueron detenidos y acusados de la desaparición forzada de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca.
El despacho jurídico «Gálvez y Asociados» —quien lleva la defensa de los expolicías estatales— explicó que el fallo se realizó el pasado 29 de septiembre a favor de Luis Rey Lendeche Colorado, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco. Dicha acción beneficiará al menos a dos elementos más, entre ellos el comandante Marcos Conde Hernández.
Juan Carlos Gálvez, abogado de los expolicias estatales, explicó que el documento que ampara la resolución quedó firme esta semana; por ello, en un plazo no mayor a mes y medio, los expolicías quedarían en libertad.
Las irregularidades
La primera acción jurídica en favor de los expolicias se hizo a través del amparo de revisión 235/2017 por múltiples violaciones que se dieron durante la detención de los uniformados. El expediente del caso se conformó en el distrito judicial de Cosamaloapan, donde les dictaron el auto de formal prisión.
El Juez de Distrito de Boca del Río hizo el análisis del expediente y de los argumentos que presentó la defensa, sin embargo, determinó que no eran viables los argumentos que hicieron por lo que negó dicho amparo.
Inconformes con esa resolución, el despacho jurídico «Gálvez y Asociados» acudió al superior jerárquico del Juez de Distrito, es decir el Tribunal Colegiado de Circuito, instancia que analizó nuevamente el expediente y da la razón y al considerar que el Juez de Distrito tomó una decisión erróneo; por tanto la detención de los expolicías fue ilegal ya que muchas pruebas obtenidas fueron ilegales.
“Hubo múltiples violaciones en dicho expediente al momento de hacer la detención, al ofrecer las pruebas y al tomarles sus declaraciones. La resolución del tribunal federal pone en evidencia los errores cometidos durante el caso por el magistrado Salvador Castillo Garrido, presidente de dicho tribunal, quien fue removido del cargo en Veracruz y comisionado al Estado de Tlaxcala”, indicó Juan Carlos Gálvez.
Por presión social, autoridad cometió errores: Gálvez
El litigante señaló que al haber mucha presión social en el caso de la desaparición de los cinco jóvenes, generó que las autoridades judiciales veracruzanas actuaran de manera ilegal al detener a los expolicías estatales.
Lo mismo ocurrió con la presión que se hizo a la Procuraduría General de Justicia del Estado Veracruz, a cargo en ese entonces de Luis Ángel Bravo Contreras, cuyo personal cometió el mismo error por la misma presión social y del juez de Cosamaloapan, por lo consiguiente.
Todo esto hizo que el Juez dictara una resolución que no se ajusta a derecho, lo cual deja al descubierto el hecho de que cuando las personas se manifiestan ante una autoridad, lo único que hacen es ponerla nerviosa y que las mismas no hagan las cosas bien, incurran en violaciones al proceso”, indicó Gálvez.
En cuanto a la parte acusadora, es decir los padres de los jóvenes, pueden inconformarse por el fallo. En este caso, recordó que ha intervenido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quienes emitieron 21 recomendaciones, entre ellas la disculpa pública a la familia de los jóvenes asesinados, que cumplió a regañadientes el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Téllez Marié y el fiscal general Jorge Wickler Ortiz, el pasado 1 de septiembre.
“La ONU hará seguramente pronunciamiento en contra de esta resolución, pero la ONU no puede estar por arriba o en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es lo que también daría la razón a que nuestros representados obtengan su libertad ya que se violaron sus derechos humanos”, indicó el jurista.
Hay que recordar que el despacho de Gálvez y Asociados logró la absolución de policías señalados de delincuencia organizada en 2009 en el estado de Hidalgo, durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, actual titular de la Secretaría de Gobernación.
En ese caso de los policías hidalguenses también se violó el debido proceso y 38 de los 145 expolicias municipales de Pachuca detenidos, salieron por violaciones procesales. La mayoría de los policías hidalguenses acusados de proteger a un grupo delictivo, obtuvieron su libertad en los siguientes años.
En el caso de Veracruz son más de 20 los detenidos por la muerte de los cinco jóvenes de los cuales ocho eran policías estatales: Luis Rey Lendeche Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal, Edgar Omar Ruiz Tecalco, Marcos Conde Hernández (Comandante), Othoniel Cruz Linares, Edgar Ramón Reyes Hermida y Rubén Pérez Andrade. Todos ellos fueron acusados de la detención y desaparición de los jóvenes José Benítez de la O; Mario Arturo Orozco Sánchez; Alfredo González Díaz; Bernardo Benítez Arróniz y Susana Tapia Garibó.
