Compañeras y compañeros Diputados:
Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria del día 19 de septiembre, nos tocó vivir, quizá el episodio más lamentable de que se tenga memoria en el Congreso del Estado “Libre” y “Soberano” de Hidalgo.
Quienes convalidaron el agravio a las Diputadas y Diputados panistas al coartar su legítimo derecho de hacer uso de la tribuna para presentar las razones de su voto en contra del Acuerdo Económico presentado por la Junta de Gobierno respecto de las propuestas a ocupar la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, no contribuyeron al desprestigio de nuestra Fracción Legislativa, contribuyeron a desacreditar a esta Soberanía.
En Acción Nacional estamos acostumbrados a debatir, a esgrimir nuestros argumentos para convencer a nuestros interlocutores por vía de la razón; aún a sabiendas de que podemos perder una votación, no rehuimos al debate porque si no somos capaces de confrontar nuestras ideas, no seremos capaces de cambiar la realidad que tanto lastima a los mexicanos desde hace muchísimos años.
No nos hace mella que nos mayoriteen, esa es una práctica que han utilizado tantas veces como han considerado, incluyendo al interior del trabajo en comisiones.
Sé que dirán que la resolución que no pudimos discutir, derivó de un Acuerdo de la Junta de Gobierno y que también sus integrantes, acordaron que no sería motivo de discusión en el Pleno, pero NADA NI NADIE, está por encima de la Ley y mucho menos puede arrogarse facultades para violar el Proceso Legislativo a que hace referencia la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 103 a 119, y su Reglamento en sus artículos 56 a 84.
Específicamente citaré el artículo 103 de la Ley que señala que “La Sesión es el tiempo que emplea el Congreso del Estado para tratar en el Pleno, en la Diputación Permanente o en Comisiones, de acuerdo a un Orden del Día aprobado, los asuntos cuyo conocimiento, discusión, dictaminación, votación y aprobación, son de su competencia”. Es el caso que nos ocupa.
En ese contexto, el propio Orden del Día de la citada sesión, registra el asunto de cuenta, en el punto número 6. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE DICTÁMENES O RESOLUTIVOS, EMITIDOS POR LAS COMISIONES DE ESTUDIO Y DICTAMEN.
Es importante que ustedes sepan, que la independencia y libertad para decidir lo que en conciencia consideremos mejor para los hidalguenses, no obliga a los legisladores panistas a acatar forzosamente, los acuerdos a que haya llegado la Junta de Gobierno. Está es una de las razones que fundamentan mi voto en contra de la propuesta emitida por la Junta de Gobierno.
Y no se equivoquen, nuestro voto en contra no fue un acto caprichoso, o de Partido, como han tenido la tentación de calificar, pues ni siquiera nos dieron la oportunidad de exponer nuestras argumentaciones. Pero sirva esta intervención para que las conozcan.
En primer término, votamos en contra, al no permitirnos esgrimir nuestros argumentos, con lo que tampoco, ustedes se dieron la oportunidad de refutar nuestro dicho.
Pero además de lo anterior, son diversas las razones por las cuales estoy convencida de que todo lo relacionado con esta designación está viciada de origen.
Llama poderosamente la atención que durante el plazo que fue establecido en la convocatoria emitida por esta Soberanía y que transcurrió del 1 al 31 de agosto, fue hasta el último día que se presentaron 34 solicitudes para participar en el procedimiento de selección, la mayoría de personas vinculadas al servicio público y particularmente a la Procuraduría de Justicia del Estado.
Me dirán que esa no es razón suficiente que sustente mi voto en contra, pero les recuerdo que el Lic. Javier Ramiro Lara Salinas actual Titular de la Procuraduría de Justicia, fue designado mediante un procedimiento totalmente irregular, el último día de la pasada legislatura, a sabiendas de que no podía ser designado por el Gobernador Omar Fayad por haber formado parte del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que tuvo conocimiento y participación en el proceso electoral en el que el hoy Titular del Ejecutivo fue electo. Acto que se quiso revestir de legalidad, pero que no deja de tener rasgos de simulación.
El 4º párrafo del inciso c del artículo 116 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece entre otras cosas que los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establece la Ley, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.
Esta disposición busca evitar el conflicto de intereses, por lo que el Procurador al ser nombrado por la legislatura anterior, simula legalidad, sin embargo, no desaparece el conflicto de intereses.
. . No podemos olvidar la denuncia pública que hizo la Secretaría de Finanzas y Administración en contra del Gobierno de Francisco Olvera, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos y el descomunal aumento de la deuda pública que dejó; recordarán ustedes que en su último Informe de Gobierno el Gobernador Olvera aseguró dejar una deuda de 4,200 millones de pesos, y también habrá que recordar que la deuda publica asciende a 14,834 millones. De dicho monto 5,569 millones corresponde a deuda contable, 4,059 corresponden a pasivos pero 5,196 corresponden a deuda no registrada pero detectada de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Del sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, la Comisión de agua y alcantarillado de servicios intermunicipales, 636 millones de pesos que no hay que perder de vista que se ocuparon para comprar un terreno de 500 hectáreas para la empresa BMW que finalmente no se estableció en Apan, sino que se fue a San Luis Potosí.
Pero hay que decir que todos estos desvíos de recursos no podríamos seguir pensando que van a ser perseguidos si no tenemos a un fiscal con AUTONOMÍA.
No debe sorprendernos que hace unos días, María Elena Morera haya presentado amparo en contra de las decisiones de este Congreso por no apegarse a la Ley General del Sistema Anticorrupción. Seguramente prosperarán las acciones que ha emprendido, y que una vez más, nos obligarán a corregir lo que no hicimos bien cuando debimos, como ocurrió con la Ley de Participación Ciudadana, aprobada también en la pasada Legislatura sin dar cumplimiento cabal a la Reforma Constitucional Federal que estábamos obligados a acatar
Diversos representantes de ONG´S, el Colectivo fiscalía que sirva, que incluye obviamente Organizaciones Civiles y Personas, que desde la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción han manifestado con insistencia que es IMPERANTE GARANTIZAR la autonomía del Fiscal General y por ende de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción en los Estados, de manera justamente que garanticen investigaciones libres e independientes.
Por lo que en Hidalgo no queremos fiscales a modo que, lejos de combatir la corrupción, la encubran.
Cuando el Gobernador del Estado, al asumir su cargo, manifestó su compromiso de combatir frontalmente la corrupción, quisimos darle el beneficio de la duda. Espero que no nos hayamos equivocado.
Finalmente, porque decidimos anteponer los intereses de los ciudadanos que quieren erradicar la corrupción que invade a nuestro país y a nuestro estado, es que cinco diputados panistas votamos contra.
Estamos en contra de la corrupción y de la simulación. Queremos un fiscal autónomo e independiente del poder público.
Diputada Gloria Romero León, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
