CDado que en distintos procesos electorales las mujeres han sido víctimas de violencia política, el diputado de Morena Rafael Garnica Alonso sometió a consideración del pleno del Congreso del Estado de Hidalgo iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral en la entidad, para crear la Defensoría Jurídica Electoral de los Derechos Político-electorales de las mujeres.
Garnica Alonso, en su exposición de motivos, refirió que su iniciativa se encuentra basada en los tratados y convenciones internacionales que promueven la participación de las mujeres en la vida política del país, pues es sabido que en distintos procesos electorales las mujeres han tenido que judicializar sus derechos para construir el acceso a oportunidades, y no únicamente a espacios.
Consideró que “la violencia política en contra de las mujeres no solo debe ser un delito electoral, sino que debe atenderse como lo que es, un serio desafío para la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género, es fundamental que sigamos generando la legislación necesaria para la protección de las mujeres”, apuntó el representante del Distrito X Apan.
Indicó que corresponde a los órganos del Estado mexicano, no solo en el ámbito federal, también a los tomadores de decisiones a escalas estatal y municipal, hacer cumplir los compromisos basados en mecanismos internacionales y regionales que México ha firmado y ratificado, no solamente en la construcción y aplicación de leyes, sino en la edificación de nuevas instituciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, instituciones que sean garantes de derechos.
Poderes del estado, gobiernos municipales, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil “deben trabajar de manera conjunta, generar y aplicar normas que desnaturalicen las múltiples manifestaciones de violencia, incluyendo la política”, subrayó.
Añadió que con el objeto de fortalecer la democracia, la presencia de la defensoría asume su responsabilidad como autoridad competente para garantizar acceso a oportunidades y a judicialización de derechos electorales de mujeres, no solo de aquellas que cuentan con condiciones para su defensa, sino también para muchas otras que están imposibilitadas para hacerlo por sí mismas, con lo que se estimula la confianza ciudadana en el ejercicio de la defensoría para el desempeño de sus funciones electorales.
