*Contralor de Hidalgo defiende agilizar la gestión municipal
*Actitud retrograda puede generar subejercicios y devolver dinero a la Federación.
*¿Habrá reforma al artículo 141?
Por Juan Sabino Cruz
El titular de la Contraloría estatal considera innecesaria la autorización posterior de las dos terceras partes de los cabildos para formalizar contratos que ya cumplieron con los procedimientos legales.
PACHUCA, Hgo. – La propuesta de modificación al artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo ha generado diferencias entre autoridades municipales, particularmente entre algunos integrantes de los ayuntamientos que se oponen a eliminar la autorización de las dos terceras partes del cabildo para la formalización de determinados contratos.
En este contexto, el titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Martín Bardales Ramírez, defendió públicamente la iniciativa y consideró que mantener este requisito puede convertirse en un obstáculo administrativo para los gobiernos municipales, incluso cuando las contrataciones ya cumplieron con los procedimientos establecidos en las leyes de adquisiciones y obra pública.
Durante conferencia de prensa de esta mañana, el funcionario sostuvo que Hidalgo tiene una regulación particularmente estricta en esta materia, pues exige la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea Municipal para cada contratación, a diferencia de otras entidades donde la autorización adicional se reserva para operaciones relevantes o extraordinarias.
Advierte retrasos y posibles subejercicios
Para explicar su postura, el contralor puso como ejemplo los procedimientos de licitación y adjudicación de obras públicas. Señaló que, cuando una empresa cumple con los requisitos legales, participa en los procesos correspondientes y obtiene la adjudicación, resulta contradictorio que posteriormente deba someterse a otra autorización del Cabildo para formalizar el contrato.
Explicó que esta situación puede provocar retrasos, incumplimientos administrativos e incluso impedir que los ayuntamientos ejerzan oportunamente recursos federales, con el riesgo de generar subejercicios y tener que devolver dinero a la Federación.
El funcionario también sostuvo que los presidentes municipales no quedarían exentos de vigilancia, pues existen mecanismos de fiscalización y control, entre ellos los síndicos, los órganos internos de control municipales, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Secretaría de Contraloría.
En ese sentido, aseguró que, desde su experiencia, no ha identificado observaciones derivadas de que un contrato adjudicado mediante licitación pública no haya obtenido posteriormente la firma de autorización de la Asamblea Municipal.
Una reforma que divide a los ayuntamientos
La resistencia de algunos regidores y síndicos se fundamenta en que eliminar la autorización previa del Cabildo podría reducir los contrapesos institucionales y concentrar mayores facultades en los presidentes municipales.
De acuerdo con información publicada por medios estatales, al 12 de noviembre sumaban 31 ayuntamientos en contra y 26 a favor, mientras otros 27 todavía estaban pendientes de pronunciarse.
El debate también obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de los integrantes de los cabildos respecto a su función de vigilancia es fundamental, pero también deben evitar que las diferencias políticas o administrativas se conviertan en obstáculos para la ejecución de obras y servicios en beneficio de la población, como munícipes han obstaculizado el trabajo en varios municipios de Hidalgo.
La modificación fue aprobada por el Congreso local el 6 de octubre y plantea eliminar la autorización general del Ayuntamiento para que los presidentes municipales celebren contratos sobre asuntos de interés público.
Asimismo, se mantienen requisitos especiales de aprobación para decisiones como la enajenación de bienes inmuebles y determinadas obligaciones financieras que trasciendan el periodo de gobierno.
Congreso del Estado de Hidalgo
El titular de Contraloría, para finalizar, reiteró que mantendrá su postura a favor de la reforma, al considerar que agilizar los procedimientos administrativos no significa eliminar la fiscalización ni la rendición de cuentas.
El fondo de la discusión no debería reducirse a una disputa por facultades entre alcaldes y regidores. Lo verdaderamente importante es garantizar que los recursos públicos se ejerzan con legalidad, transparencia y oportunidad, sin que los controles se conviertan en burocracia, pero tampoco que la agilidad administrativa termine debilitando la vigilancia del patrimonio municipal.
