PAN Hidalgo rechaza reforma que debilita la autonomía municipal y concentra decisiones

El partido señala que los cambios a la Constitución estatal podrían limitar la participación de síndicos y regidores en la aprobación de contratos y convenios municipales.
PACHUCA, Hgo. -El Partido Acción Nacional en Hidalgo manifestó su preocupación por las modificaciones parcialmente aprobadas a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, relacionadas con las facultades de los ayuntamientos para autorizar contratos y convenios. Durante una rueda de prensa en las instalaciones estatales del partido, sus representantes advirtieron que los cambios podrían reducir los contrapesos dentro de los gobiernos municipales y limitar la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.
En el encuentro participaron Marcela Isidro, presidenta del PAN Hidalgo; Claudia Lilia Luna, diputada local; José Luis Zúñiga, secretario general estatal; y Marlene Puertas, coordinadora de Síndicos y Regidores. Asimismo, asistieron representantes de distintos municipios: Norma Monzalvo, de Mineral del Chico; Fernanda Guerrero, de Pachuca; Blanca Estela Razo, de San Agustín Metzquititlán; Fabián García, de Mineral del Monte; y Teodoro Gómez, de Tizayuca.
Marcela Isidro destacó que Acción Nacional defiende la participación ciudadana y el papel de síndicos y regidores como representantes de la población y vigilantes de las decisiones municipales. Señaló que la toma de decisiones debe privilegiar el diálogo, el consenso y la revisión colegiada, especialmente cuando se trata del manejo de recursos públicos.
La postura de Acción Nacional es contundente: la simplificación administrativa no puede convertirse en pretexto para reducir la vigilancia del poder ni para dejar las decisiones municipales en menos manos.
“Los que van a ser más afectados tendrán que decidir si pasa o no pasa”
La diputada local Claudia Luna explicó que, con la redacción aprobada, la intervención obligatoria del Cabildo quedaría acotada a dos supuestos: la enajenación de bienes muebles propiedad del municipio y los compromisos que excedan el periodo del gobierno municipal, ambos sujetos a la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes. Para los demás contratos y convenios, la reforma abre la posibilidad de que el presidente municipal los celebre sin someterlos previamente a la aprobación del Cabildo, de acuerdo con el alcance de la modificación expuesta por la legisladora.
Luna advirtió que esto representa un cambio de fondo en la vida municipal, pues los síndicos y regidores —incluidos los de oposición— podrían perder espacios fundamentales para revisar decisiones administrativas, cuestionar compromisos y exigir explicaciones sobre el uso de los recursos públicos.
La legisladora también señaló la dificultad política y jurídica para frenar la reforma. Una acción de inconstitucionalidad requiere el respaldo de al menos una tercera parte de las diputaciones locales; según expuso, siete legisladores votaron en contra, mientras que se requieren once firmas para alcanzar ese umbral.
La otra vía es que la reforma no obtenga la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, conforme al procedimiento constitucional aplicable. Y es está una de las principales contradicciones que señaló la diputada: “Los que van a ser más afectados tendrán que decidir si pasa o no pasa”.
“No es simplificación administrativa: es quitar el debate”
El regidor de Mineral del Monte, Fabián García, cuestionó que la agilización de trámites se utilice como argumento para reducir la participación colegiada en las decisiones municipales. Sostuvo que los ayuntamientos son órganos colegiados y que sus decisiones deben construirse mediante el diálogo, la deliberación y el consenso, no mediante la eliminación de facultades de supervisión.
“Si es necesario sesionar a las seis de la mañana o debatir hasta la noche, lo vamos a hacer”, planteó, al señalar que la disposición de los integrantes de los cabildos para trabajar no debe utilizarse como justificación para retirarles atribuciones.
Marlene Puertas, coordinadora de Síndicos y Regidores del PAN Hidalgo, afirmó que la reforma afecta directamente el trabajo de representación y vigilancia que realizan los integrantes de los ayuntamientos.
Como ejemplo, expuso las dificultades que ha enfrentado como regidora de Mineral de la Reforma para obtener información necesaria para ejercer sus funciones. Señaló que ha solicitado documentación mediante intervenciones en sesiones de Cabildo y diversos oficios, y que, ante la falta de respuestas suficientes, ha recurrido a instancias jurisdiccionales, incluidos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Puertas sostuvo que contar con información oportuna no es un privilegio de los regidores, sino una condición indispensable para analizar los asuntos municipales, emitir un voto informado y explicar a la ciudadanía cómo se toman las decisiones.
El secretario general estatal, José Luis Zúñiga, sostuvo que la modificación representa un retroceso institucional al reducir mecanismos de contrapeso que han formado parte de la organización constitucional de los municipios.
Señaló que la preocupación va más allá de las atribuciones de síndicos y regidores: cuando se debilitan los mecanismos de revisión y deliberación, también se reduce la capacidad de la ciudadanía para conocer, cuestionar y exigir explicaciones sobre las decisiones de sus gobiernos.
La postura del PAN Hidalgo es clara: gobernar no significa decidir sin contrapesos. Los presidentes municipales deben contar con herramientas para administrar, pero también deben existir mecanismos efectivos para revisar sus decisiones, conocer los compromisos que adquieren y vigilar el uso de los recursos públicos.