Brenda “N” vive pesadilla para recuperar a su hija
Por Juan Sabino Cruz
APAN, Hgo. – Lo que comenzó en 2014 como una relación marcada por la violencia física, psicológica y económica, ha escalado hoy a una de las expresiones más crueles de la violencia de género: la violencia vicaria. Brenda “N” denuncia públicamente que, desde el pasado 20 de febrero de 2026, su hija de 11 años le fue sustraída por su progenitor, iniciando un calvario procesal marcado por presuntos actos de corrupción y omisiones en el Ministerio Público de Apan.
La Sustracción: El Inicio del Aislamiento
Brenda relata que el padre de la menor aprovechó un régimen de convivencia para no devolver a la niña. Desde esa fecha, la madre ha sido bloqueada de todo contacto con su hija, quien permanece en el domicilio del padre y la abuela paterna en la localidad de Alcantarillas, municipio de Apan.
A pesar de que el delito de sustracción de menores es de carácter permanente, la denuncia interpuesta en la Unidad Uno del Ministerio Público de Apan no presenta avances. «No han querido hacer nada», señala la víctima, quien acusa una protección sistémica hacia el agresor.
Irregularidades en el DIF y Justicia a Modo
La denunciante señala un contraste alarmante en la atención institucional.
CONOCIDOS EN EL DIF
Mientras Brenda busco el apoyo en el DIF de Apan, le dieron largas para emitir tres citatorios a los cuales jamás compareció el acusado.
Pruebas Fast-track: Brenda denuncia que, de manera inusual, el padre obtuvo un acta y una valoración psicológica de la menor en menos de 24 horas, herramienta que presuntamente fue manipulada para ser usada en su contra ante un Juez Familiar.
El «Modus Operandi» del Agresor Vicario
De acuerdo con el testimonio, el agresor —quien durante 8 años incumplió con la pensión alimenticia y estuvo ausente un lustro— utiliza ahora el aparato de justicia para perpetuar el daño.
Tras la sustracción, el sujeto inició una denuncia por supuesta violencia familiar en la Unidad Dos de Apan. Brenda acusa que la Agente de Investigación a cargo impuso medidas de protección basadas en falsedades, impidiéndole acercarse a su propia hija.
“Se jacta de decir que tiene con qué pagar y que ya se arregló con el Ministerio Público de Apan, porque lo atienden incluso fuera de horario de servicio”, afirma Brenda “N”.
Violencia Institucional y Omisión de Socorro
El caso alcanzó un punto crítico el 4 de mayo de 2026, cuando se ordenó un cateo para localizar a la menor. Sin embargo, el operativo resultó infructuoso; se presume que el padre fue alertado previamente y ocultó a la niña en un lugar desconocido.
Además de la violencia contra la madre, existe una vulneración directa al derecho a la educación de la menor, quien no asiste a la escuela desde el 23 de febrero, corriendo el riesgo de perder el ciclo escolar sin que las autoridades intervengan.
En Busca de Justicia Federal
Ante la presunta falta de lealtad de los agentes del Ministerio Público —quienes habrían ocultado información al Juez Penal sobre la carpeta previa de sustracción—, Brenda presentó el pasado 7 de mayo un juicio de amparo contra la ratificación de las medidas que la mantienen alejada de su hija.
La exigencia es clara: que el caso sea atraído por autoridades capacitadas en perspectiva de género e infancia, y que se detenga el uso de las instituciones de Hidalgo como herramientas de coacción para agresores vicarios.
Víctima: Brenda “N”.
Autoridades Señaladas: Ministerio Público de Apan (Unidades 1 y 2), DIF Municipal de Apan.
Delitos/Agravios: Sustracción de menores, violencia vicaria, violencia institucional y obstrucción de la justicia.
Estatus Actual: Amparo interpuesto el 7 de mayo de 2026.