PAN impulsa capacitación obligatoria en perspectiva de género

Con el firme objetivo de fortalecer la atención a las víctimas y elevar los estándares de profesionalización en la administración pública, la diputada Claudia Luna, representante del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Esta propuesta se centra en combatir la violencia institucional y feminicida, asegurando que las instituciones no se conviertan en una barrera, sino en un respaldo real para las mujeres hidalguenses.
La iniciativa propone modificar el artículo 21 de la citada ley para establecer obligaciones claras y coherentes en las Unidades en contra de la violencia de género en dependencias estatales y municipales. Entre los puntos clave destaca la exigencia de que las Unidades cuenten con personal debidamente capacitado y operen bajo protocolos de actuación estandarizados. Asimismo, se plantea la implementación de subprogramas anuales de capacitación obligatorios para las personas servidoras públicas en temas de perspectiva de género, derechos humanos y prevención de la discriminación.
Esta reforma es una respuesta necesaria ante la alarmante realidad de la violencia de género. Según la exposición de motivos, durante el año 2025 se registraron cifras críticas de violencia letal contra las mujeres en el país. La diputada Claudia Luna subraya que la violencia institucional ocurre cuando las autoridades fallan por falta de protocolos o prejuicios, lo que genera desconfianza y revictimización.
El principal beneficio de esta reforma es la transformación de la atención pública hacia un modelo de debida diligencia y sensibilidad. Al asegurar que cada servidor público que atienda a una mujer víctima de violencia tenga la formación técnica y humana necesaria, se reduce drásticamente el riesgo de revictimización. Este cambio normativo busca garantizar respuestas institucionales oportunas e integrales, promoviendo una cultura de rendición de cuentas donde el Estado asuma un compromiso explícito con la seguridad y dignidad de las mujeres.