¿Proteger a la niñez o criminalizar la pobreza?

Cuando el Estado llega tarde y la desigualdad pasa factura
Por Delmmy Cruz
El caso del bebé rescatado en Ecatepec, hoy bajo resguardo del DIF mientras se investiga un posible abandono, despertó una indignación social comprensible. La imagen de un menor viviendo en condiciones precarias duele, sacude y obliga a reaccionar. Pero también exige algo más difícil y necesario: pensar más allá de la emoción inmediata.
La Procuraduría de la Defensa del Menor informó que el niño se encontraba en buen estado de salud y sin signos de maltrato físico. Asimismo, se ha señalado que recibía cariño y cuidados de sus padres, quienes incluso lo llevaban cada mes a revisión médica. Estos datos, hasta ahora, no permiten sostener de manera automática una narrativa de abandono doloso. Obligan, por el contrario, a mirar el caso desde su contexto social y económico, sin prejuicios ni juicios anticipados.
Y ese contexto es el que muchas veces incomoda.
En México, millones de familias viven una realidad que rara vez se refleja en el discurso público. Todos los días, niñas y niños van solos a la escuela porque sus padres deben salir a trabajar. Muchos caminan largos trayectos, otros usan transporte público sin compañía, y otros más quedan al cuidado de abuelos, tíos o vecinos. No porque sea lo ideal, sino porque es lo posible en un país donde las redes de apoyo son insuficientes y las opciones de cuidado infantil no alcanzan.
Son pocos —muy pocos— quienes tienen el privilegio de llevar personalmente a sus hijos a la escuela, recogerlos, acompañarlos durante toda la jornada y dedicarles tiempo completo. Ese escenario, frecuentemente idealizado, no representa la experiencia de la mayoría.
Incluso dentro del hogar, la crianza ocurre lejos de condiciones perfectas. Madres que atienden los deberes del hogar no pueden mantener a sus hijos bajo vigilancia permanente. A veces salen a comprar un mandado, atienden otra obligación o, por momentos, los pierden de vista. Estas prácticas, normalizadas por la necesidad, no pueden equipararse de forma automática con abandono o negligencia, y mucho menos con falta de amor.
Amar a un hijo, en muchos casos, significa salir a trabajar para que haya comida en la mesa, aun cuando el sistema no garantice condiciones seguras para hacerlo.
Proteger a la niñez es una obligación incuestionable. El resguardo del menor es una medida necesaria para garantizar su integridad. Lo preocupante es que el Estado suele aparecer solo cuando la emergencia ya estalló, y que después el debate se desplace rápidamente del ámbito social al penal. Ahí surge el mayor riesgo: criminalizar la pobreza en lugar de atenderla.
Existen modelos que demuestran que otra respuesta es posible. En Nuevo León, el centro Capullos, dependiente del DIF estatal, es un espacio especializado para resguardar a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato, abandono o violencia. Cuenta con médicos especialistas, enfermeras, psicólogos y cuidadores capacitados, además de atención educativa y acompañamiento integral. Capullos no solo resguarda: cuida, protege y reconstruye, aun con los retos y limitaciones propias de este tipo de instituciones.
Pero ese modelo no se replica de manera homogénea en el país.
En municipios como Ecatepec, uno de los más poblados y con mayores niveles de marginación, el DIF municipal ofrece atención médica general, psicológica y programas comunitarios valiosos, pero insuficientes frente a la magnitud del problema. No existe evidencia pública de un centro de resguardo infantil especializado, permanente y con atención integral comparable. El resultado es una protección desigual: no todos los niños en México reciben el mismo nivel de cuidado por parte del Estado.
Esta disparidad deja una verdad incómoda: el lugar donde nace un niño sigue determinando sus oportunidades de protección. Cuando no hay infraestructura, personal especializado ni políticas preventivas, la pobreza termina siendo interpretada como negligencia.
La pregunta de fondo no es solo si hubo o no un delito. La pregunta es otra, más profunda y más incómoda:
¿qué hizo el Estado antes de que este bebé fuera encontrado solo?
¿Dónde estaban las políticas públicas?
¿Dónde las redes de apoyo?
¿Dónde la prevención?
Castigar a familias pobres sin ofrecer alternativas reales no protege a la niñez; perpetúa la exclusión. Separar a un menor de su entorno únicamente por carencias materiales, sin acompañamiento social integral, no es justicia: es abandono institucional.
La protección de la infancia no puede depender del azar ni del territorio. Mientras la pobreza se siga atendiendo con policías y no con políticas públicas, la niñez seguirá pagando el costo más alto.
Hoy más que nunca, vale decirlo con claridad: la pobreza no es un crimen.
El verdadero delito es un sistema que llega tarde, mira poco y castiga primero.