PACHUCA, Hgo. – La Unidad Especial para la investigación del maxiproceso de la Estafa Siniestra, consiguió la vinculación a proceso del una persona de iniciales L. E. C. G., presidente municipal separado de su encargo, investigado por uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado, en perjuicio de la administración pública de Nopala de Villagrán.
El pasado 12 de septiembre de 2023, elementos de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), aprehendieron al imputado, mediante la ejecución de una orden de cateo.
El alcalde, separado de su encargo, fue presentado ante un juez de control, autoridad ante la que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso derivado de hechos en los que en su carácter de presidente municipal, el 22 de marzo de 2022, firmó dos contratos por adjudicación directa.
El primero de ellos fue por arrendamiento de maquinaria y equipo para rehabilitar caminos rurales, ganaderos, calles y carreteras, por un monto de 22 millones 610 mil 890 pesos; mientras que el segundo fue para adquirir servicios de mantenimiento y limpieza, fumigación domiciliaria, así como para el control del mosco culex, por un monto de 49 millones 350 mil pesos.
Al momento de firmar ambos contratos, que ascienden a un total de 71 millones 970 mil 890 pesos, el edil comprometió el dinero que fue autorizado y transferido al municipio por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas del gobierno de Hidalgo, sin que haya informado y puesto a consideración del ayuntamiento la llegada de dichos recursos, su aplicación y la celebración de contratos por el proceso de adjudicación directa.
Sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas. Este domingo, durante la continuación de la audiencia inicial y con base en los datos de prueba aportados por la autoridad ministerial, el juez de control dictó la vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
Se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
