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Durante 36 años, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Peña Nieto, el propósito fue privatizar, especialmente los recursos energéticos y las empresas del ramo, como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), primero fomentando la corrupción en su interior, después debilitándolas económicamente, endeudándolas, dejándolas en el abandono, fragmentándolas y arrebatándoles facultades y funciones, hasta desapareciéndolas, como fue el caso de la CLyFC por parte del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa.
Afortunadamente, a partir de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, se fueron tomando medidas para el rescate del sector energético, de Pemex y de la CFE, limpiándolas de corrupción, fortaleciendo sus finanzas, modernizándolas y reestructurándolas, y revisando los contratos leoninos que a su costa y en su perjuicio, de la nación y del pueblo, se habían otorgado a empresas nacionales y extranjeras.
El pasado 30 de septiembre, el gobierno de la Cuarta Transformación dio un paso más, uno muy importante y firme, en el rescate de la CFE, de nuestros recursos y soberanía energética, al enviarse a la Cámara de Diputados por parte del presidente de la República una Iniciativa de Reforma Eléctrica a la que las fuerzas de izquierda, democráticas, progresistas y patrióticas, incluido por supuesto el Partido Popular Socialista-Agrupación Política Nacional Popular Socialista (PPS-APNPS), le damos la bienvenida, y nuestro total apoyo y respaldo.
La Iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo propone reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales con los propósitos de recuperar nuestra soberanía en materia eléctrica, fortalecer la rectoría del Estado en este ramo, prohibir nuevas concesiones en la explotación de Litio, que el Estado sea el único facultado para explotar este mineral de gran importancia para la industria de las nuevas tecnologías y asegurar un suministro eléctrico universal, de calidad, suficiente y a precios accesibles para el pueblo mexicano, evitando la elevación de sus costos, y con todo ello beneficiándose también la industria nacional y nuestra economía en general.
Para el logro de estos objetivos se propone, entre otras cosas, que la CFE controle el 54 por ciento de la producción y el despacho de electricidad, dejándole el 46 por ciento al sector privado. La CFE dejará de ser lo que los neoliberales llamaban “Empresa Productiva del Estado”, encubriendo con este nombre pomposo la perversión de su esencia como empresa al servicio del pueblo y de la nación, y se le dotará de una nueva personalidad jurídica.
Asimismo, desaparecerán los contratos de autoabastecimiento, y por lo tanto las cadenas comerciales y las tiendas de autoservicio beneficiadas por estas sociedades deberán adquirir la energía directamente a la CFE.
Serán eliminadas igualmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) pasará a formar parte de la CFE, que será la encargada de la generación, la distribución y la administración de la energía eléctrica.
En cuanto al litio, la Iniciativa señala que se respetarán las ocho concesiones hasta ahora existentes solo si están cumpliendo con los procesos de exploración y explotación, y no únicamente especulan con el mineral, aclarando que hasta el momento solo una de dichas empresas cumple con estos requisitos. Precisa que no se otorgarán más concesiones y que su explotación y aprovechamiento será facultad exclusiva del Estado.
Para el PPS-APNPS, desde la creación de la CFE en 1937, la de la CLyFC y la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960, lográndose la electrificación de todo el país y no solo las zonas donde las empresas particulares obtenían ganancias, no se había dado un paso tan importante para el rescate de nuestra soberanía energética como la Iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, llamamos a los legisladores federales a votar a favor de la misma y a las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas y patrióticas a formar un gran frente en apoyo a esta Iniciativa presidencial hasta lograr su aprobación, así como para continuar por el camino del fortalecimiento del Estado como rector de la economía, de nuestro desarrollo económico independiente, de la ampliación del régimen democrático y de la elevación constante del nivel de vida de nuestro pueblo.