Los culpables son los otros
La responsabilidad inherente al servicio público comienza por promover sanciones contra quienes delinquieron. No hacerlo implica comisión de ilícitos por omisión
En 1999 vio la luz el libro intitulado El diablo, orígenes de un mito, del sacerdote, escritor y periodista, Enrique Maza, para quien la figura demoníaca es una cómoda creación humana que le permite a éste culpabilizar a aquél de actos u omisiones que se encuentran en el ámbito de su responsabilidad.
Los seres humanos buscan explicaciones cómodas lo mismo para sus pecados que para sus delitos, a efecto de no cargar con el peso de sus consecuencias. Es una cultura connatural al ámbito religioso judeo-cristiano.
Entre sus principales hipótesis, el desaparecido periodista de Proceso sostiene que “el mal se origina en la decisión del hombre, nace dentro del hombre, proviene de su entraña y de su libertad. Cuando el hombre no quiere hacerse responsable del mal que hace y del mal que causa, empieza a inventar otros responsables, para no tener que mirarse en el espejo de sí mismo”.
La responsabilidad humana tiene connotación especial cuando se trata del servicio público, ya que quienes ven en él la ocasión de servir a sus semejantes carecen —en muchas ocasiones— de la mística, de la vocación y de la ética que implica tal compromiso.
La corrupción que prevalece en el servicio público no surgió por obra y (des)gracia del «malvado». Ha sido más o menos connatural a casi todos los funcionarios públicos que —dentro de sus atribuciones— rehúyen hacer un replanteamiento crítico de las medidas contra la corrupción, que a la fecha han demostrado su poca o nula eficacia.
De nada sirvió el eslogan de campaña de José López Portillo “La solución somos todos”, más que para generar aquella parodia intitulada “La corrupción somos todos” protagonizada por los cómicos Chucho Salinas y Héctor Lechuga. Tampoco resultó demasiado útil la “Renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid, ni existen evidencias contundentes de que “limpiar al gobierno de corrupción, como se barren las escaleras, de arriba para abajo” signifique hechos concretos.
Por el contrario, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconfirmó la inocencia del ex director de Pemex Producción y Exploración, Miguel Ángel Lozada Aguilar, dada a conocer por la Fiscalía General de la República, a pesar de que una investigación de Animal Político documentó desvíos millonarios por 82 millones de pesos.
Lejos de demostrar la autonomía de la FGR, las afirmaciones del presidente exhiben su contento con los resultados de quien —por ley— no es su subordinado, pero en los hechos demuestra otra cosa.
Está también el desvanecimiento de pruebas contra el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por parte de una complaciente Auditoría Superior de la Federación o el soslayar la vinculación de Ricardo Salinas Pliego —empresario consentido del presidente— con el caso Pemex-Fertinal.
Desde 2013 los legisladores tuvieron la oportunidad de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y crear en su lugar un órgano de autonomía constitucional, que retomara las labores de contraloría en el ámbito del gobierno federal y de los otros poderes. Pero prefirieron su continuidad —a pesar de que ya se había derogado el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal—, por lo que tenemos ahora las consecuencias de contar con una contraloría que mira para otra parte, cuando las dependencias de la administración de López Obrador se decantan por asignaciones directas en lugar de procedimientos de licitación, como correspondería, en casos tan delicados como la compra de medicamentos.
Es claro que Morena ganó las elecciones federales, las de la Ciudad de México y las de estados como Chiapas, por la desbordante corrupción que dejaron las administraciones anteriores. Si los indicadores de pobreza, violencia y corrupción no hubieran alcanzado los niveles a que llegaron, Morena no habría ganado las elecciones, pues el cambio no habría sido necesario.
Por eso, el reiterar argumentos relativos a la responsabilidad de las administraciones pasadas en el tiradero que prevalece, no sólo busca evadir la obligación que asumieron por mandato popular, sino de mantener la idea de que es harto complicado hacer lo correcto. Total, los culpables son los otros.
@gomezvives
