El precio absurdo de cruzar tu propio país

En un país construido sobre la idea de la unión federal, pensar en cobrar peaje para transitar de un estado a otro resulta no sólo absurdo, sino jurídicamente cuestionable. México no es una suma de territorios aislados, sino una República donde la movilidad de sus ciudadanos es un principio fundamental. Imponer un peaje estatal equivaldría, en términos prácticos, a fragmentar el país en pequeñas aduanas internas, una figura que la propia Constitución ha buscado erradicar desde el siglo XIX.
El Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es contundente: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte o salvoconducto.” Este precepto no es una declaración simbólica; es un pilar de la libertad individual. Significa que ningún gobierno estatal puede imponer obstáculos arbitrarios que limiten el tránsito de los ciudadanos dentro del territorio nacional.
La historia constitucional mexicana también es clara respecto a las llamadas “aduanas interiores”. El Artículo 117, fracción V, prohíbe expresamente a los estados establecer derechos de tránsito o impuestos que afecten el comercio y la circulación entre entidades federativas. La lógica detrás de esta norma es simple: evitar que cada estado se convierta en una frontera económica, distorsionando el mercado interno y castigando la movilidad de personas y mercancías.
La existencia de autopistas de cuota en México suele confundirse con este debate. Sin embargo, esas cuotas no se cobran por cruzar de un estado a otro, sino por utilizar una infraestructura específica construida y mantenida mediante concesiones federales o privadas. La diferencia es sustancial: se paga por la obra pública, no por el derecho de cruzar una línea imaginaria en el mapa.
Si se instauraran peajes estatales, las consecuencias serían profundas. Transportistas, comerciantes y trabajadores verían incrementados sus costos de movilidad; el turismo interno se encarecería y la integración económica nacional sufriría un golpe innecesario. México movería anualmente millones de toneladas de mercancías entre estados; gravar cada cruce equivaldría a colocar frenos artificiales al desarrollo.
Más grave aún sería el mensaje político: que cada entidad federativa puede levantar barreras contra sus propios compatriotas. En una nación donde la cohesión territorial ha sido históricamente un desafío, permitir algo así sería un retroceso institucional.
El libre tránsito no es una concesión administrativa, es un derecho constitucional. Cobrar peaje por pasar de un estado a otro no sólo sería inviable jurídicamente; sería una contradicción con la esencia misma de la República mexicana.