En un país donde la exigencia por un sistema judicial más justo y sensible a las problemáticas sociales se vuelve cada día más urgente, la postulación de Eduardo Santillán Pérez como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa una oportunidad clave para transformar la manera en que se imparte justicia en México.
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Santillán Pérez ha dedicado su vida profesional a fortalecer el Estado de derecho y a promover una justicia cercana a las personas. Su experiencia tanto en la administración pública como en el ámbito legislativo le ha permitido impulsar políticas centradas en la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización efectiva del poder.
Uno de los pilares más relevantes de su carrera ha sido su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Como legislador, ha sido impulsor de leyes fundamentales para la protección de las mujeres frente a la violencia de género. La Ley Olimpia, que combate la violencia digital, y la Ley Ingrid, que sanciona la difusión indebida de imágenes de víctimas, son muestra de su preocupación por enfrentar nuevas formas de violencia que afectan profundamente a la sociedad mexicana.
Además, su labor en la reforma legal para incrementar las penas por feminicidio refleja un interés genuino por garantizar justicia a las víctimas y sus familias. Más allá del castigo, estas reformas apuntan a prevenir la violencia estructural desde un enfoque de respeto a la dignidad humana.
Ahora, con la mira puesta en un cargo dentro de la SCJN, Santillán Pérez promueve un modelo de “justicia humanizada”, donde la eficiencia y la sensibilidad social sean parte esencial del sistema judicial. Reconoce que la lentitud en los procesos representa una forma de violencia institucional y propone respuestas que coloquen al ciudadano en el centro del quehacer jurídico.
En un contexto donde el acceso a la justicia continúa siendo limitado para sectores amplios de la población, Eduardo Santillán Pérez ofrece un perfil congruente, con una trayectoria que respalda su propuesta de un Poder Judicial más empático, eficiente y profundamente comprometido con la defensa de los derechos humanos.
