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Por Luis Pinedo
CIUDAD DE MEXICO, Hgo. – La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, invalidó las reformas a los estatutos del PRI, los cuales permiten la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas en la dirigencia nacional del tricolor por hasta ochos años más.
En sesión pública, los consejeros determinaron que las reformas estatutarias se llevaron a cabo cuando el proceso electoral aún no concluía y el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe reformas a los documentos básicos con los comicios en desarrollo, por lo que no se puede declarar que son constitucionales.
Por su parte, la consejera presidenta de la Comisión, DANIELA RAVEL, coincidió en que dicho cambio se debió llevar a cabo hasta la conclusión del proceso electoral, puesto que de lo contrario se incumple con el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos.
De igual forma, evidenció que el PRI incumplió durante tres años con realizar reformas en materia de violencia política en razón de género, y un año sobre su paridad sustantiva, mismas que no estuvieron listas para el reciente proceso electoral.
Mientras que el consejero UUC-KIB ESPADA indicó que “los derechos de los partidos no son derechos de sus dirigentes, sino del conjunto de la militancia partidista”.
Además, consideró que no se debe admitir una reforma a los estatutos en un periodo que la ley lo prohíbe, asimismo, señaló que los precedentes citados en el proyecto son distintos al caso del PRI.
El consejero ARTURO CASTILLO apuntó que está en contra del proyecto, puesto que los propios precedentes de la Sala Superior del TEPJF indican que no se pueden hacer modificaciones a los documentos básicos de los institutos políticos durante el proceso electoral, hasta que concluya el mismo.
Por lo anterior, solicitó posponer la votación hasta el miércoles debido a la discusión de la Reforma Judicial, con la finalidad de no afectar con su determinación, sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría.
En tanto, la consejera CARLA HUMPHREY indicó que no pueden hacer un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las reformas, debido a que se invalidarían por el hecho de no haber cumplido con los tiempos legales.
