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PACHUCA, Hgo.- La diputada local de Morena Lisset Marcelino Tovar sometió a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, que plantea que no podrán ser elegibles por un periodo de cinco años para contender en elecciones locales las y los candidatos de partidos políticos e independientes que hayan sido encontrados responsables de ejercer violencia contras las mujeres o violencia intrafamiliar.
Asimismo, las y los aspirantes de partidos políticos e independientes que sean deudores de pensión alimenticia, tampoco podrán ser elegibles para contender por algún cargo de elección popular, para lo cual se propone que el Instituto Estatal Electoral en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y el Tribunal Electoral del Estado será el encargado de crear y operar el Registro Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos Sancionados por violencia política en razón de género, familiar y de aquellos que sean deudores alimentarios.
En su exposición de motivos en el marco de los trabajos de la sesión ordinaria número 26, la legisladora morenista indicó que en los hogares es donde se ven incrementados los casos de violencia familiar, que si bien, no es exclusiva del hombre sobre los demás miembros, sí encabeza las cifras.
Añadió que en 2020 se iniciaron 5 mil 350 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por violencia intrafamiliar, por los que significó un incremento en comparación a 2019, cuando el registró de casos fue de 5 mil 270. Detalló que los casos se elevaron en los primeros dos meses de confinamiento por la pandemia, para luego presentar descensos y ascensos durante los meses subsecuentes.
Subrayó que muchos de los sujetos activos de violencia familiar actualmente son o pueden ser servidores públicos y muchos de ellos en proceso de buscar un cargo de elección popular, lo que se contrapone con los nuevos paradigmas que se buscan implantar dentro de una sociedad democrática que aspira a tener servidores públicos ejemplares.
Dijo que bajo esa perspectiva, es inadmisibles que alguien, ya sea hombre o mujer, y sea perpetrador de violencia al interior del seno familiar, pueda ser representantes popular y quien representes los valores del sistema de vida democrático. Por ello, destacó, con la presente iniciativa se busca que quien haya sido encontrado responsables de ejercer violencia por las autoridades competentes, no pueda ser elegible para buscar un cargo de elección popular durante los siguientes cinco años.
Comentó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGJEH reportó que durante el pasado proceso electoral para renovar los 84 Ayuntamientos se reportaron 53 casos de violencia política contra la mujer en razón de género, lo que evidencia que este fenómeno no solo es vigente, sino que también se ha incrementado la cultura de la denuncia.
Indicó que también con la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea un artículo 24 bis, se reforma la fracción IV del artículo 31, se adiciona la fracción VII al artículo 63 y se adiciona la fracción XI al artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, se busca que quien sea perpetrador de violencia política contra la mujer no pueda ser elegible para ningún cargo de elección popular para los próximos cinco años, con lo cual se busca contribuir con los elementos disuasivos para erradicar este tipo de violencia en el entorno político estatal.
Señaló que se le confieren nuevas atribuciones al Instituto Estatal Electoral para ser el órgano garante de que este tipo de sujetos activos de violencia no puedan obtener su registro como candidatos de partidos político e independientes.
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