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PACHUCA, HGO.- La diputada local de Morena Vanesa Escalante Arroyo sometió a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que adiciona la fracción XXIV Bis al Artículo 4 y reforma los párrafos V y VII del Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, con el propósito de estipular en el glosario de esta normatividad la definición de Política de Integralidad que aplica a las personas morales, a efecto de cerrarle el paso a la corrupción en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes.
En su exposición de motivos, la legisladora morenista explicó que si bien en los años recientes se han dado avances importantes en la lucha contra la corrupción, éstos no son acabados ni perfectos, sino por el contrario, se deben seguir proponiendo avances normativos y de políticas públicas, pues el fenómeno de la corrupción siempre va un paso delante de la ley y el sistema de normas.
Dijo que una de las formas para tratar de mitigar la propia corrupción es proponer mecanismos que la prevengan, es decir, disponer normativamente lo necesario para evitar que ésta se produzca.
Recordó que en la redacción de los apartados normativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, no contienen un elemento por demás importante en la época actual: la lucha y combate a la corrupción.
Añadió que de acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se puede entender como el abuso del poder para beneficios privados, y añade dicho organismo que dicho fenómeno, erosiona la confianza, debilita la democracia, dificulta el crecimiento económico, causa una grave inequidad, pobreza, división social e impacto climático.
Indicó que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019, a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, el costo total fue de 12 mil 700 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos por persona afectada.
Señaló que la recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Integridad Pública, sugiere que ante la corrupción, que es vista como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, se tiene que tomar en cuenta a los cuerpos legislativo y judiciales, recalcando hacer “énfasis en promover una cultura de integridad en toda la sociedad”.
Destacó que con las modificaciones propuestas en su iniciativa se pretenden cimbrar los cimientos para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los siguientes apartados normativos: El artículo 4 para adicionar una fracción XXVI Bis, para que dentro del glosario de la propia Ley se estipule la definición de Política de integridad, entendida como aquella que está instaurada por las personas morales y que cuenta con los elementos a que hace referencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por lo que hace al artículo 33 de la Ley, se propone adicionar un sexto párrafo y recorrer los subsecuentes, para que en el sistema de evaluación por el sistema de puntos y porcentajes, se otorguen a las personas que cuenten con una política de integridad.
También, en el párrafo séptimo del citado artículo 33, se plantea la adición de un párrafo que le anteceda y fuera ahora el octavo, para que en las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se adjudiquen, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente, la prevención de la corrupción y demás circunstancias pertinentes.
Subrayó que de lograrse la presente reforma, se dará un paso más para dar cumplimiento a uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en específico el contenido en el números 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”18, cuyas metas son: 16.5) Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas; 16.6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; y 16.7) Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Además, dijo que también significaría dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, del que se desprende que una de las tareas principales del Gobierno, ya sea en el ámbito Federal, el Local o el Municipal, debe ser el de erradicar la corrupción en el sector público.
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