Propone Hernández Vera exentar el pago de servicios proporcionados por el Estado para la inscripción de Pensión Alimentaria
Pachuca, Hgo.- Con el objetivo de exentar de pago aquellos servicios que proporcione el Estado a través del Registro Público de la Propiedad relativos a la inscripción de la Pensión Alimenticia, el diputado local de Morena, José Antonio Hernández Vera, sometió a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 22 de la Ley Estatal de Derechos.
En la exposición de motivos de su propuesta basada en peticiones ciudadanas y compromisos de campaña, el legislador morenista por el XI Distrito de Tulancingo de Bravo indicó que el proceso para solicitar una pensión alimenticia suele ser desgastante para las personas que lo demandan, no solo en términos administrativos o económicos, y señaló que en muchos casos algunas de las personas involucradas son sujetas de amenazas por parte de algún presunto, o próximo, deudor moroso, resultado de violencia intrafamiliar.
Comentó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala puntualmente que en el país tres de cada cuatro hijos e hijas de padres separados no reciben pensión alimenticia. También, dijo que el 67.5% de madres solteras en el país no reciben una pensión alimenticia.
Añadió que de enero a julio del presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través del registro de incidencia delictiva del fuero común, tiene contabilizado un total de 13 mil 302 casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. “En Hidalgo, por ejemplo, se han registrado 354 casos del mismo”, apuntó.
Lo anterior -dijo- significa que las responsabilidades de crianza quedan a total responsabilidad de una sola persona, en la mayoría de casos son las mujeres quienes asumen esta carga, lo que implica una situación de desigualdad de género.
Subrayó que la Constitución Política del Estado de Hidalgo establece con claridad en su párrafo quinto del artículo 5º: “El Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como a la convivencia familiar. […]”
Añadió que el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo dicta de manera clara el proceso para ser acreedor a una pensión alimenticia y que debe llevarse a través del Juzgado Familiar. A la par, dijo que la Ley Estatal de Derechos menciona los costos que tiene la prestación de los servicios del Estado a través del Registro Público de la Propiedad y es que este último tiene la posibilidad de generar un rastreo de los bienes, muebles e inmuebles con los que cuentan una persona para que se determinen los montos de la pensión alimenticia definitiva a través de un Juez.
Sin embargo, indicó que tienen un costo que muchas veces es un limitante para continuar con el proceso y deben ser eliminados en beneficio de los derechos de hijas e hijos.
Recordó que hace unos meses fueron aprobadas una serie de reformas para especificar en la Ley de la Familia del Estado de Hidalgo, la creación del Registro de Deudoras y Deudores Alimenticios Morosos. Dicha reforma propone que, si alguna persona responsable de un menor no cumple con sus obligaciones de otorgar una pensión alimenticia en tiempo y forma, entrará a un registro estatal y la única forma de salir del mismo es a través de que acredite haber cumplido con el pago correspondiente, se cancele esa deuda o bien se formalice el descuento correspondiente.
“De esta manera, buscamos con la presente reforma reducir costos para quienes tramitan una pensión alimenticia y buscan con ello garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes”, concluyó.
