Los diputados Víctor Osmind Guerrero Trejo, del Grupo Legislativo de Morena y Areli Rubí Miranda Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo presentaron una iniciativa en contra de la incineración.
La iniciativa propone prohibir la incineración de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para que ningún tipo de residuos pueda ser considerado como materia prima con valor calorífico; el manejo y la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se estipulará en la Ley de Residuos del Estado de Hidalgo, cuyo eje rector serán los planes de Basura Cero y el compostaje domiciliario y la creación de un Consejo de Vigilancia Ciudadano para mantener control en el cumplimiento de la ley.
La contaminación provocada por la incineración de residuos entra a través del aire, del agua y del suelo, no solamente a los seres humanos, sino a todos los organismos animales y vegetales que forman parte del ciclo alimentario, explicó Osmind Guerrero.
Dijo además que ninguna de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientalistas, ni el Movimiento de Regeneración Nacional, ni el Partido de la Revolución Democrática “pretendemos afectar a ninguna empresa ni el empleo de las personas que ahí laboran”. Los habitantes, al igual que todas las personas que vivimos en este país, queremos y merecemos industrias limpias que cuiden el ambiente y sean parte del desarrollo de nuestra nación, agregó.
Por esta iniciativa, propusieron “fortalecer mecanismos institucionales para prever la violación sistemática a derechos humanos en materia ambiental, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, buscando siempre el respeto irrestricto a los derechos pro persona”.
Señalaron, al tiempo, que la iniciativa se fundamenta en aspectos económicos, porque la incineración no resuelve el problema de recolección de residuos sólidos, no permite otras soluciones más sustentables y sostenibles; obvia el principio precautorio; compite con otras actividades económicas y sociales por los bienes estratégicos (ejemplo, agua); genera gases y contaminantes orgánicos persistentes y volátiles; existe mala regulación para estas prácticas y ninguna vigilancia ciudadana; viola convenios internacionales, y es contrario al derecho humano de un ambiente sano.
Los diputados señalaron daños al ambiente en las ciudades de Pachuca y Tizayuca, y el proyecto de la incineradora VALORSUM, que afectara a esta última y al acuífero Cuautitlán-Pachuca.
Con esta reforma se busca emprender acciones preventivas para reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades que generan los daños al medio ambiente y que resienten habitantes de zonas urbanas cercanas a la fuente de contaminación, con independencia de que esté previsto en el párrafo tercero, del artículo 4º, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en relación a que es un derecho a la protección de la salud, pues el Estado está obligado a tomar acciones dirigidas a proteger, promover políticas públicas, en lo concerniente a una vida plena de desarrollo físico y emocional, así como la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana.
