El diputado de Morena Jorge Mayorga Olvera, junto con la panista Areli Maya Monzalvo, presentaron durante la sesión 67 del Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Responsabilidad Patrimonial para la entidad y sus municipios.
Bajo el precepto de que en el estado actualmente no existe reglamentación tal, no obstante que por mandato constitucional debió legislarse desde hace 15 años, los legisladores propusieron la ley que en términos generales señala que sus disposiciones son de orden público e interés general, y tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.
Asimismo, señala que son sujetos de la ley los entes públicos, es decir, los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, los organismos públicos autónomos, las dependencias, las entidades de la administración pública, la Procuraduría General de Justicia, los municipios, los organismos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas en las que participen de forma mayoritaria el poder Ejecutivo, así como cualquier otro ente público de carácter estatal o municipal.
La propuesta señala, en su artículo 15, que los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos se iniciarán por reclamación de la parte interesada. La parte interesada deberá describir puntualmente los hechos causantes de la lesión patrimonial producida o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos si fuesen de carácter continuo y deberán señalar la cuantía de la indemnización pretendida.
Mientras, el artículo 4 dice que “Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población”.
La iniciativa fue turnada a la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución.
