Culpables por sospecha
Por Juan Sabino Cruz
EMILIANO ZAPATA, Hgo.- Tres de cuatro personas que participaron en el movimiento ciudadanos contra el alcalde Emiliano Zapata, ya sintieron la fuerza del estado y una vez juzgados por un juez falto de preparación o ética, ya fueron condenados por un delito que afirman nunca cometieron.
La pregunta sería: ¿Dónde está la Comisión de los Derechos Humanos de Hidalgo? Se le puso en conocimiento sobre la irregular detención y el hecho de que la autoridad “escondía” a los detenidos, pero jamás actúo cumplir con su deber.
Todo inicia el día 20 de noviembre del año 2015, cuando un grupo de ciudadanos invitó a una marcha para protestar por la alarmante inseguridad donde se especuló que estaría involucrado el personal de la Policía Municipal.
Los manifestantes pedían la presencia del alcalde Alejandro González Méndez, mismo que nunca se presentó, esto origino cierre de carreteras y la toma del palacio municipal. Así el conflicto se prolongó por varias semanas.
DESALOJO Y CAPTURAS
Personal de la Secretaria de Gobierno fue enviado, supuestamente, para dialogar y llegar a un acuerdo con los inconformes, sin embargo no hubo voluntad para que las divergencias se convirtieran en coincidencias.
El día tres de diciembre del año pasado, la Fuerza Pública entró a desalojar a los manifestantes, mientras que en la carretera se montó un retén para interceptar a los líderes.
DETENIDOS
Josefina Elisa García Nolasco Y Erick Fuentes Moreno en entrevista con EL REPORTERO dieron a conocer que por increíble que parezca ya fueron condenados por un delito que no cometieron y recordaron la amaga experiencia.
Aproximadamente a las diez horas del jueves tres de diciembre, ella, su esposo Oscar islas Lozada, Erick fuentes Moreno y María Celerina Gómez, abordaron el automóvil Volkswagen Golf y se dirigían a Ciudad Sahagún.
Apenas salían de Emiliano zapata, a la altura de la gasolinera, les marcó el alto un grupo de oficiales de Seguridad Pública del Estado, indicaron que se trataba de una revisión de rutina, así que su esposo abrió el cofre y cajuela para que checaran lo que quisieran.
En esos momentos, un sujeto de apellido Delgadillo, chofer del alcalde Alejandro González, se acercó para hacer un comentario a los gendarmes, al parecer, como se dice en el argot “Les puso el dedo”.
Los uniformados únicamente atinaban a decir que había un detalle con el coche y esperaban a un especialista para que lo revisara.
Pasado un rato, se presentó un comandante de apellido Cazares, mismo que resulto conocido de Oscar islas Lozada, inclusive se saludaron, el “especialista” aplicó un líquido al vehículo y, al final, menciono que el carro estaba derecho y no había problema.
Sin motivo, les solicitaron sus credenciales de elector, después llegó una patrulla con personal femenino que los invitaron a pasar a la patrulla y acompañarlos a hacer una aclaración a Ciudad Sahagún, pero todo fue un engaño, los trasladaron hasta Pachuca.
Al llegar a las oficinas de la capital, a unos pasos de Palacio de Gobierno, los detenidos fueron obligados desbloquear los teléfonos, entregar pertenencias y despojarse de las agujetas del calzado para ser encerrados en galeras individuales.
Al atardecer, recuerdan, fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, los reviso un médico legista y fueron presentados para declarar ante un agente del Ministerio Público.
COMANDANTE CHISMOSO
Fue entonces que se enteraron que el llamado comandante Cazares, resulto ser un mando policiaco chismoso, pues junto con la oficial Ibón y otros dos gendarmes encargados de su ilegal detención, los acusaban de haberlos agredido y ultrajes a la autoridad.
Una vez concluida su comparecencia ante el agente del MP, los regresaron a las galeras de la Policía Investigadora y hasta el sábado fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Apan.
Erick refiere que no podía creer que un mando policiaco actuara sin ética, es falto de valores y está claro que no sirven los exámenes de control y confianza, pues los debían haber reprobado, reitero que jamás hubo agresiones o insultos durante, siempre actuaron con respeto.
CAUCIONADOS
Refieren que, el entonces juez penal, Bruno Méndez, fijo una caución de diez mil pesos por cabeza. Con ayuda de familiares y del propio pueblo se pagó la fianza de las mujeres que salieron el mismo lunes, mientras que los hombres esperaron a recuperar su libertad hasta el martes, mientras se reunía el dinero y recuperar su libertad por un delito que no cometieron.
El defensor de oficio llevo el asunto de Josefina Nolasco, Oscar Islas y Erick Fuentes; la señora María Celerina contrató los servicios de un abogado particular.
Refieren que les quedaba un poco de confianza en las instituciones de Hidalgo, esperaban ser absueltos, sin embargo, a mediados del pasado mes de junio, les dictaron sentencia condenatoria por el delito de ultrajes a la autoridad, deben pagar una multa de dos mil pesos por cabeza, estar dos meses y medio en prisión o hacer 21 jornadas de tres horas de servicio a la comunidad.
Comentaron que ya no apelaran, pues por un delito que no cometieron les destrozaron la vida, perdieron el empleo y, ahora que consiguieron otro ya no pueden estar acudiendo a firmar, tomaran una de las alternativas para poner fin a esta historia donde quedó demostrado el autoritarismo del Gobierno, las fábricas de delincuentes en que están convertidos los cuerpos policiacos, la ineficiencia de las instituciones como es la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y, claro, la ineficiencia de los jueces que no se dieron cuenta que todo fue un ardid para acabar con el movimiento social de Emiliano Zapata.
Pidieron que el próximo gobierno investigue su caso, sometan al detector de mentiras a los policías que los acusaron falsamente y quedará demostrado que mintieron y no deben estar como policías, pues ponen en peligro a la sociedad hidalguense que podría ser acusada falsamente por delitos que no cometen.
