CIUDAD DE M\u00c9XICO. – \u201cEl magisterio es la base que sostiene el aprendizaje, impulsa el desarrollo y acompa\u00f1a la formaci\u00f3n de nuestras ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes. El Estado tiene la obligaci\u00f3n de corresponder a esa entrega con justicia, respeto y condiciones de certeza\u201d, afirm\u00f3 la diputada federal de Morena, Mirna Rubio S\u00e1nchez.
\nCon esa convicci\u00f3n, la legisladora present\u00f3 una iniciativa para adicionar el Art\u00edculo 115 Bis a la Ley General de Educaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de reconocer en la legislaci\u00f3n el principio de presunci\u00f3n de inocencia como garant\u00eda esencial en favor del personal docente en cualquier procedimiento administrativo o se\u00f1alamiento, de manera que ninguna maestra, maestro o trabajador de la educaci\u00f3n sea tratado como responsable sin una investigaci\u00f3n previa, objetiva y sustentada en evidencias.
\nRubio S\u00e1nchez destac\u00f3 que la vigencia plena de la presunci\u00f3n de inocencia contribuye a fortalecer la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de la ni\u00f1ez, puesto que obliga a las instituciones a actuar con rigor, profesionalismo y objetividad, diferenciando con claridad los se\u00f1alamientos infundados de los hechos que realmente requieren intervenci\u00f3n. Este equilibrio, afirm\u00f3, es indispensable para preservar la confianza de las comunidades educativas y asegurar que la respuesta del Estado sea proporcional, responsable y sustentada en hechos verificables.
\nLa diputada explic\u00f3 que diversos trabajadores de la educaci\u00f3n han enfrentado procedimientos caracterizados por falta de claridad, ausencia de oportunidad para exponer su versi\u00f3n o decisiones adoptadas sin una valoraci\u00f3n completa de los hechos. Estas situaciones, se\u00f1al\u00f3, generan incertidumbre laboral y afectan la estabilidad de las escuelas, por lo que se vuelve necesario establecer un marco normativo que garantice procesos justos y que asegure que las autoridades educativas act\u00faen con imparcialidad y apego a la legalidad.
\n\u201cNinguna persona puede ser considerada culpable sin pruebas. Ninguna acusaci\u00f3n puede suplir una investigaci\u00f3n responsable. Ense\u00f1ar no debe convertirse en un riesgo, ni un se\u00f1alamiento sin sustento debe vulnerar la trayectoria de quienes dedican su vida a educar. Defender a quienes educan es defender la educaci\u00f3n misma\u201d, expres\u00f3.
\nLa iniciativa precisa que toda autoridad educativa deber\u00e1 respetar de manera estricta el principio de presunci\u00f3n de inocencia, garantizar el debido proceso y conducir sus actuaciones con legalidad, imparcialidad y razonabilidad, asegurando simult\u00e1neamente la protecci\u00f3n y el bienestar de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. Este equilibrio, subray\u00f3 la diputada, es fundamental para sostener la confianza de estudiantes, familias y personal educativo en las instituciones responsables de la formaci\u00f3n de las nuevas generaciones.
\nRubio S\u00e1nchez reiter\u00f3 que legislar en favor del magisterio no es un acto simb\u00f3lico, sino un ejercicio de responsabilidad institucional: \u201cLa educaci\u00f3n solo puede prosperar cuando las y los docentes cuentan con respeto, estabilidad y certeza, y cuando la ni\u00f1ez es protegida mediante procedimientos justos y decisiones fundamentadas en la verdad\u201d.
\nCon esta propuesta, la diputada federal reafirma su compromiso de impulsar acciones legislativas firmes, sensibles y orientadas a fortalecer la educaci\u00f3n mediante docentes protegidos, instituciones confiables y una ni\u00f1ez plenamente resguardada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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