Pachuca, Hgo.- Ante el verdadero calvario que enfrentan las y los hidalguenses en el sistema de procuración de justicia, donde las víctimas son revictimizadas, abundan las irregularidades en favor de los agresores, la diputada local de Morena Noemí Zitle Rivas planteó un acuerdo económico por el que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), para que evalué el desempeño de los ministerios públicos en la entidad.
Lo anterior, a efecto de que se garantice la protección de los derechos de víctimas de delito, combatir la impunidad y asegurar que el desempeño de estas instituciones se apegue a lo establecido en los principios de legalidad, responsabilidad, objetividad, transparencia, inmediatez y perspectiva de género.
La legisladora morenista indicó que el Ministerio Público al ser la autoridad más cercana a las víctimas y a los imputados, debe de ejercer su tarea libre de prejuicios e intereses personales, actuando en todo momento en términos objetivos, para que, de esta manera, los asuntos a su cargo se resuelvan de una forma eficaz y justa.
Sin embargo, dijo que desafortunadamente la realidad es muy diferente, pues lo que pareciera evidente para unos, para otros, son simples palabras sobre papel, cuyo significado no vale nada. “Me refiero a casos particulares de algunos ministerios públicos, que demuestran su desconocimiento sobre las leyes que facultan y responsabilizan su actuar frente a la ciudadanía que acude a ellos, después de ser víctimas de cualquier tipo de delito”, apuntó.
Refirió una situación un poco contraria a lo que hemos escuchado hasta el momento, un triste hecho de tantos, que lastimosamente ocurren con periodicidad en nuestro Estado: Desde hace más de un año, una joven menor de edad Tepejana sufrió un atentado contra su persona, por parte de un cobarde sin escrúpulos que no le importo quebrantar la inocencia, dignidad, intimidad de una menor, con tal de satisfacer sus irracionales y aparentes necesidades.
Señaló que con gran valor y decisión por parte de la víctima, se interpuso una denuncia ante el Centro de Atención a Víctimas de la agencia del ministerio público, ubicado en el municipio de Tula, meses después de presentada la denuncia, se giró una orden de aprehensión preventiva contra el imputado y se le vinculó a proceso, derivado de la gravedad del delito.
No obstante, comentó que el camino que la familia de la menor y víctima han tenido que recorrer en búsqueda de justicia se ha convertido en un verdadero calvario, ya que el proceso de procuración de justicia ha presentado diversas irregularidades que dejan en entrevisto la poca protección que se les brinda a las personas que lo necesitan, así mismo, la poca objetividad con la que se conducen los servidores públicos. Cuando ya existe una carpeta de investigación el Ministerio Público debe de actuar en favor de la víctima, pero lamentablemente este no es el caso.
Dijo que en reiteradas ocasiones se ha intentado convencer, hasta obligar a la parte afectada de aceptar una reparación económica por el daño. “Dejando de lado que la cantidad ofrecida es verdaderamente ridícula, es indignante creer que se puede poner un precio fijo para resarcir el daño psicológico, emocional y físico que sufrió la menor, es casi una burla por parte de la defensa del imputado pensar que se pueden realizar actos tan despreciables y después no tener mayores consecuencias más que pagar una módica cantidad, como si el dinero pudiera borrar el terrible momento del hecho”, abundó.
Calificó como una desgracia que casos como estos ocurran en nuestro sistema de procuración de justicia, las víctimas se convierten en doblemente víctimas, tanto de sus agresores como de la impunidad. Hasta el momento, señaló que en este caso no se ha dictado ninguna sentencia para el imputado y el proceso de atención de la menor se ha visto mermado por diferentes irregularidades que la ponen en desventaja ante un ministerio público aparentemente objetivo e imparcial.
“Es por ello que, en nombre de todas aquellas personas que atraviesan o atravesaron por una situación similar a la que expuse en esta tribuna, realizo un atento llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y a los diferentes Ministerios Públicos de la entidad para que no se sean cómplices de la impunidad, para que se actué con imparcialidad en las carpetas de investigación, para que se conduzcan conforme a derecho y se brinde pronta atención y justicia ante los delitos denunciados, en especial aquellos considerados como graves”, concluyó.
