*Diputados resultaron «buenos» abogados
*El pretexto es el Covid-2019
Pachuca, Hgo. – La diputada de Morena Susana Ángeles Quezada planteó un exhorto con carácter urgente a la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, para resolver de manera prioritaria la aprobación de la iniciativa que contiene la Ley de Amnistía para el Estado de Hidalgo, presentada por el gobernador estatal, con el fin de reducir riesgo de contagios en centros penitenciarios del estado ante la actual emergencia por la pandemia por COVID-19.
Indicó que las prisiones son instalaciones de alto riesgo para el contagio del virus SARS-COV-2, toda vez que en un espacio reducido y cerrado conviven varias personas. México, dijo, no está exento del riesgo de brotes en los centros de reinserción social, y todo parece indicar que se trata de un problema al cual las autoridades no han prestado atención suficiente.
De hecho, comentó, ya se presentó un brote en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, en el Estado de México, uno de los reclusorios de mayor sobrepoblación del país, y apenas ayer, dijo, se dio a conocer en los medios que en el Cereso de Tula se tomaron muestras a dos personas de la tercera edad que presentan enfermedades crónico-degenerativas y sintomatología de enfermedades respiratorias.
Comentó que Hidalgo no está exento de la posibilidad de un brote masivo de COVI-19 dentro de sus centros de readaptación social, y todo parece indicar que se trata de un problema potencia al cual las autoridades no han prestado todavía atención suficiente.
Recordó que el 17 de abril del año en curso fue recibida por la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso estatal la iniciativa que formula el Titular del Ejecutivo del Estado, Omar Fayad Meneses, que contiene la Ley de Amnistía para el Estado de Hidalgo, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, la cual no ha podido sesionar a la fecha por las complicaciones que derivan de la suspensión de actividades esenciales y por el hecho de que uno de sus integrantes solicitó licencia al cargo.
Dijo que ambas cuestiones son posibles de remediarse a través de acuerdos internos promovidos por la Junta de Gobierno, como ha sucedido ya en ocasiones anteriores, en el que el análisis y discusión de un asunto se estima de carácter urgente.
La principal razón para hacer este llamado al Congreso a que puedan establecer las condiciones necesarias para agilizar el tratamiento legislativo de este asunto, obedece a que, además de tratarse de un gran paso en dirección correcta hacia el respeto y garantía de los derechos humanos, también conforme al artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se consideran como urgente aquellos asuntos que pongan en peligro la vida y en el contexto de la pandemia que hoy estamos padeciendo se considera que este es uno de esos casos.
Dijo que uno de los objetivos más importante del Gobierno de la Cuarta Transformación es emprender el camino en la construcción de la paz y la seguridad en México, donde “existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas”; y a que a pesar de la mejora que se ha tenido con la adopción del sistema de corte acusatorio se sigue generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando violaciones de derecho a un debido proceso y los derechos a la libertad y a la integridad de las personas.
Señaló que el decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en materia federal es parte de los objetivos trazados por el gobierno de la Cuarta Transformación y, de manera institucional, se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, donde los derechos humanos deben ser el eje rector para establecer un marco jurídico moderno y progresista.
La diputada dijo que después de todo lo expuesto, es más que claro que “debemos realizar todo esfuerzo posible para poder encaminar los trabajos en beneficio quienes en la actual pandemia más vulnerables se encuentran, velando siempre por los derechos humanos de los hidalguenses, con un profundo sentido de justicia”.
Uniendo esfuerzos, continuó, podremos acelerar los trabajos para poder responder con profesionalismo y así evitar de manera contundente la criminalización de la pobreza. Es menester decir que se habrán de realizar modificaciones en dicha iniciativa para ampliar el espectro de beneficios a grupos vulnerables dentro de los centros de Readaptación Social como lo son las personas que padezcan alguna enfermedad mental o terminal, una discapacidad permanente, personas pertenecientes a la población transexuales y transgénero, y revisar quiénes sí y quiénes no pudieron acceder a estos beneficios con base en los tipo de delitos que se trate. También debemos, indicó, realizar observaciones minuciosas en el artículo 8 de la iniciativa presentada ante esta soberanía, es importante saber de manera clara quiénes serán las autoridades encargadas de hacer cumplir los fines de la Ley de Amnistía del Estado de Hidalgo. “Legislemos para quienes hayan podido ser encarcelados de manera injusta, ya no tenga que permanecer encerrados ahí, seamos empáticos y mostremos sensibilidad en un tema tan trascendente de nuestra historia”, concluyó.
