Renuncias

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Servidores públicos no le entran a los caprichos de AMLO

Nadie dijo que gobernar fuera tarea sencilla. Todos los actos de administración implican el conocimiento de muchas normas y variables, que entran en juego durante la toma de decisiones.

Las determinaciones que se tomen afectarán positiva o negativamente a un segmento de la población gobernada y es deber de todo servidor público el velar porque dichas decisiones causen el menor impacto negativo posible.

Si, por la razón que sea, la Secretaría de Hacienda notifica la necesidad de recortar un determinado presupuesto, la dependencia afectada debe analizar muchos escenarios, a efecto de elegir aquel que impacte lo menos posible sobre los aspectos sustantivos de la institución.

Aun así, en algún momento el Órgano Interno de Control y la propia Secretaría de la Función Pública requerirán explicaciones del porqué se dejó de atender determinado compromiso establecido en ley; si la propia explicación oficial de la Secretaría de Hacienda resulta insuficiente, se generarán sanciones administrativas con efectos precisos para los servidores públicos que hubieran intervenido.

Por eso se requiere que éstos sean personas con la mejor preparación académica posible, con experiencia y con amplio conocimiento en los temas que formarán parte de sus obligaciones y atribuciones.

La elección de las y los titulares de las dependencias de la administración pública federal —incluyendo a los órganos descentralizados— implica la evaluación previa de sus perfiles, a efecto de determinar que quienes sean electos cuenten con las capacidades para atender su encomienda.

En lo que va de la administración de López Obrador han renunciado —por diversas razones— Josefa González Blanco a la titularidad de la Semarnat; Germán Martínez, al IMSS; Patricia Bugarín a la Subsecretaría de Seguridad; Patricia Vázquez, a la consejería del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Simón Levy, a la Subsecretaría de Planeación y Política Turística; Clara Torres, al Programa de Estancias Infantiles, dependiente de la Secretaría del Bienestar y Tonatiuh Guillén López, a la titularidad del Instituto Nacional de Migración.

Sobresale la renuncia del Dr. Guillén López, pues se produce en un momento coyuntural delicado, luego de la visceral exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles, si no se logra frenar la migración ilegal proveniente de Centro y Sudamérica, que atraviesa por México.

Guillén López es doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por El Colegio de México; fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, una institución que ha realizado importantes estudios sobre el fenómeno de la migración.

Se trata de un escenario complicado que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador generó al ofrecer becas, oportunidades laborales e incluso la ciudadanía a niños migrantes, lo que ha incrementado su presencia en territorio nacional y su tránsito hacia Estados Unidos.

La constante que se percibe en todas las renuncias es la imposibilidad de empatar los caprichos de López Obrador, relativos a recortar recursos a los programas sustantivos, con el objetivo de ponderar sus programas clientelares así como sus proyectos insignia, particularmente la refinería de Dos Bocas.

Queda claro que algunos prefieren renunciar a hacerse cómplices de políticas públicas cuyos efectos negativos pueden resultar atentatorios de derechos humanos.

@gomezvives

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