Pachuca, Hgo.- El reparto de utilidades es una prestación que por ley los patrones y las empresas deben entregan a los trabajadores durante mayo (personas morales) y junio (personas físicas).
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), de las empresas es aplicable, para aquellos trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en las empresas y éstas, hayan generado 300 mil pesos o más en las utilidades.
Las utilidades se otorgan al trabajador, independientemente de que ya no laboren en la empresa en cuestión o tenían contrato por obra determinada.
En caso de que el trabajador no reciba esta prestación o se le pagara de forma incompleta, tiene un plazo de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecida, para reclamar el pago de las utilidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Las empresas están obligadas a repartir entre sus trabajadores el 10 por ciento de sus utilidades netas. Los recursos se dividen en dos partes iguales: la primera por igual entre los trabajadores tomando en cuenta los días trabajados en un año y la segunda se reparte dependiendo del salario de cada empleado.
Aquellas empresas que hayan generado utilidades y no realicen el pago correspondiente a los trabajadores en tiempo y forma, serán susceptibles a una multa económica que va de los 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La LFT, establece que quedan exentas del reparto de utilidades, aquellas empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento; así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo pone a disposición de los trabajadores los números de atención al público 01 771 71 3 67 88 o pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, ubicada en bulevar Ramón G. Bonfil, 1504, col. Arboledas de San Javier en Pachuca.
NOTA
La UMA es la unidad de medida o referencia económica en pesos para calcular el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de los estados, así como en las disposiciones jurídicas que resulten de ellas. Esta unidad de medida, se actualiza cada año.
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